La Fiscalía de Cantabria ha iniciado Diligencias de Investigación Preprocesales a raíz de la denuncia interpuesta por Podemos Cantabria, que apunta a posibles irregularidades graves en la gestión administrativa de varios parques eólicos ubicados en el sur de la comunidad autónoma. Esta medida procesal indica que el Ministerio Público ha detectado indicios bastantes para examinar los hechos expuestos en el escrito, promovido por la formación morada contra la tramitación de instalaciones promovidas por Green Capital Power S.L. en municipios como Campoo de Enmedio, Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible.
La denuncia pone el foco en lo que se califica como un macroproyecto eólico dividido de manera artificial en expedientes independientes —Cotío, Morosos, Henestrosas y Ornedo—, a pesar de que la documentación oficial del Gobierno de Cantabria reconoce la compartición de elementos esenciales como subestaciones eléctricas, líneas de evacuación y planificación operativa conjunta. Según el informe presentado, la potencia acumulada de estos parques excede los 60 MW —con 62,365 MW en el complejo Morosos-Henestrosas-Ornedo más los 17,325 MW de Cotío—, superando el límite de 50 MW establecido por la Ley del Sector Eléctrico, que transfiere la competencia autorizatoria al Estado.
No obstante, los proyectos habrían sido autorizados de forma aislada por la Administración autonómica, lo que —a juicio de Podemos— habría permitido sortear la obligación de una evaluación ambiental unificada y el escrutinio estatal correspondiente. La formación política destaca que estas presuntas deficiencias fueron ya alertadas durante la fase de participación pública, mediante alegaciones remitidas a la Administración, sin que prosperaran ni alteraran el procedimiento administrativo.
Podemos Cantabria advierte de que este no sería un caso aislado, ya que ha identificado patrones similares en otros parques eólicos en distintas comarcas de la región, aunque aquéllos se hallan en etapas iniciales de tramitación. La organización no descarta emprender nuevas vías judiciales si se repite este procedimiento en futuros desarrollos, con el fin de evitar la consolidación de prácticas que cuestionen la legalidad del proceso.
Desde la formación se insiste en que «la transición energética no puede realizarse a expensas de relajar los controles ambientales ni de soslayar las garantías normativas», abogando por un modelo energético sostenible, transparente y estrictamente ajustado al ordenamiento jurídico, sin recurrir a divisiones artificiales de iniciativas ni atajos administrativos. Pablo Gómez, responsable de Medio Ambiente de Podemos Cantabria, ha precisado que «la Ley de Transición Energética es diáfana: la despliegue de renovables debe respetar el medio ambiente y la ordenación territorial, pero observamos intentos de eludir estos mandatos mediante maniobras que desvirtúan los mecanismos de control legal».
La denuncia también alude a posibles encajes delictivos como fraude de ley o prevaricación, dado que las resoluciones administrativas —incluida la Declaración de Impacto Ambiental conjunta publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC)— definen explícitamente a Morosos, Henestrosas y Ornedo como «un único complejo productivo de energía eólica», pese a su segmentación para mantener cada expediente por debajo del umbral competencial estatal. Este enfoque habría permitido una tramitación autonómica fragmentada, evitando así una valoración ambiental integral y la intervención del Ministerio para la Transición Ecológica.
Podemos subraya que este modelo de implantación energética, basado en lo que perciben como opacidad y desregulación, atenta contra la confianza ciudadana y el principio de legalidad. «Seguiremos velando por un desarrollo renovable que no imponga cargas desproporcionadas al territorio; la transición energética ha de ser verde en su totalidad o no será», concluyen desde la formación, que ya había alertado de dinámicas análogas en casos previos como los parques Las Américas.
La incoación de diligencias por parte de la Fiscalía representa un paso inicial en la pesquisa, que podría derivar en imputaciones formales si se confirman los indicios. Mientras, el debate sobre la expansión eólica en Cantabria —con decenas de proyectos en cartera— se intensifica, equilibrando el impulso a las renovables con la preservación paisajística y los rigores normativos.
