El Gobierno de Cantabria ha trasladado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la documentación requerida sobre contratos menores adjudicados en 2016, en relación con la investigación abierta contra constructoras y directivos del sector por presunta manipulación de licitaciones en el ámbito de la obra civil regional. Esta entrega responde a una petición «muy concreta y escueta» formulada hace unas semanas por el organismo estatal, que ha incoado expediente sancionador contra cuatro constructores y doce empresas cántabras implicadas.
Roberto Media, consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, ha confirmado este jueves la remisión de los datos solicitados, que no abarcan un fenómeno «generalizado» sino expedientes específicos. Media ha evitado detalles adicionales por la «absoluta confidencialidad» impuesta por la CNMC en su requerimiento, y ha precisado que su departamento carece de acceso al expediente completo de la pesquisa.
El titular regional ha defendido la labor de las mesas de contratación, regidas por la Ley de Contratos del Sector Público y dirigidas por funcionarios, en las que «no venía el nombre de ninguna empresa» en la solicitud inicial. Media ha insistido en que el Gobierno no investiga ni sentencia —»yo no soy juez»—, sino que acatará las conclusiones de la CNMC o vía judicial, como hizo con las empresas condenadas en la trama de Carreteras, donde un funcionario adjudicó irregularmente contratos.
El proceso de la CNMC podría extenderse hasta dos años, y el Ejecutivo autonómico aguardará sus resoluciones para adoptar medidas pertinentes contra las sociedades y directivos afectados. Media ha recordado que los procedimientos administrativos se ajustan a la normativa vigente, y cualquier sanción firme —administrativa o penal— será cumplida de inmediato.
Esta entrega de información se produce en un contexto de escrutinio al sector de la construcción en Cantabria, marcado por precedentes como el caso ‘Obras Públicas’. El consejero ha enfatizado la separación de poderes: «Nosotros no somos los que investigamos si no tenemos conocimiento de delito, ni sentenciamos; para eso están los órganos competentes del Estado».
La CNMC indaga posibles prácticas anticompetitivas en licitaciones públicas de obra civil, un ámbito sensible para la región dada su dependencia de infraestructuras viarias y hidráulicas. Fuentes gubernamentales descartan implicaciones sistémicas en la contratación autonómica, que opera bajo estrictos controles funcionariales.
Media ha concluido que el Gobierno «obedecerá en consecuencia» una vez se dicten sentencias firmes, manteniendo la presunción de inocencia hasta resolución judicial o administrativa final.
