El Gobierno de Cantabria, mediante la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, ha hecho pública en el Boletín Oficial de Cantabria la Orden que aprueba el nuevo Plan de Gestión del Lobo, instrumento llamado a revisarse cada lustro y que actualiza el marco normativo en vigor desde 2019. Este documento responde al objetivo de consolidar un modelo de coexistencia entre la preservación de la especie y el desarrollo de la actividad ganadera, en un contexto de notable expansión demográfica del cánido.
La consejera María Jesús Susinos ha precisado que la región alberga en la actualidad al menos 23 manadas de lobo y una población superior a los 200 ejemplares, lo que certifica un estado de conservación favorable. No obstante, este incremento ha coincidido con un alza considerable de los ataques al ganado extensivo, que en 2025 sumaron 3.057 incidentes —371 más que el ejercicio precedente— y motivaron indemnizaciones por encima del millón y siete cientos mil euros, cifra equiparable a la de 2024. Susinos ha incidido en que, durante la última quinquena, el número de animales muertos por depredación se ha triplicado, lo que pone de manifiesto la urgencia de una gestión equilibrada.
El lobo (Canis lupus signatus), presente en más del 80% del territorio cántabro —incluidas zonas costeras de forma habitual— y reconocido como parte del patrimonio natural y cultural de la comunidad, ha protagonizado una recuperación significativa en las últimas décadas. El nuevo Plan, según ha subrayado la consejera, materializa el compromiso asumido con el sector primario e integra medidas adoptadas en meses recientes, como la exclusión del lobo de la Lista de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) impulsada por el PP, las extracciones realizadas, la revisión del baremo de daños y la supresión del límite en el seguro de compensaciones, que agiliza los abonos a los afectados.
Entre las principales innovaciones del texto respecto al plan de 2019 destaca la desvinculación de los controles poblacionales de la actividad cinegética, lo que otorga mayor seguridad jurídica al dispositivo independientemente del estatus legal futuro de la especie. Esta autonomía operativa asegura la continuidad del plan incluso en caso de reingreso en el LESPRE. Otra novedad sustancial es la zonificación del territorio según parámetros ecológicos y socioeconómicos, que distingue entre áreas de presencia permanente del lobo —con alta carga ganadera y baja densidad urbana (Zona 1)— y municipios de presencia esporádica o nula, mayor población y menor peso del sector primario (Zona 2). Esta segmentación habilita la aplicación de medidas de gestión adaptadas a las particularidades de cada ámbito territorial.
El Plan potencia asimismo la participación ciudadana y la colaboración interadministrativa mediante la formalización de la ‘Mesa del Lobo’, órgano consultivo que reunirá a los agentes implicados para valorar el cumplimiento de los objetivos y proponer ajustes. Se intensificará el contacto con comunidades vecinas y la Administración central, así como el intercambio de datos y el monitoreo conjunto de las poblaciones transfronterizas. Susinos ha insistido en que el eje vertebrador del documento reside en garantizar la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva, pilar del medio rural y herramienta contra la despoblación, a través de un enfoque integral que integra dimensiones ecológicas, sociales y económicas con revisiones periódicas adaptativas.
Entre sus metas específicas figuran el mantenimiento del estado favorable de la especie, la disminución de la conflictividad vía prevención y compensación, la optimización del régimen indemnizatorio, el fortalecimiento del seguimiento científico y la promoción de la sensibilización y participación sectorial. En el plano operativo, el texto refuerza el respaldo a medidas disuasorias no letales —con subvenciones específicas, programas piloto en fincas vulnerables y asistencia técnica—, un catálogo de buenas prácticas y la actualización del pago por servicios ambientales para premiar la conservación voluntaria.
Se complementa con la reciente revisión del baremo de daños, efectiva desde el 1 de marzo, que ajusta las valoraciones a la inflación —con alzas próximas al 100% en vacuno de carne y 50% en ovino—, atendiendo a un compromiso electoral del Ejecutivo de la presidenta Buruaga. El control letal se circunscribe a un cupo anual máximo del 20% de la población, con actuaciones selectivas y concertadas con otras regiones y el Parque Nacional de los Picos de Europa. La aprobación se enmarca en el nuevo ordenamiento europeo tras la reforma de 2025 de la Directiva Hábitats, que permite la gestión activa de poblaciones en el Anexo 5 bajo criterios de conservación estrictos.
Con esta planificación, Cantabria afianza su apuesta por una gestión científica, participativa y equilibrada del lobo, que concilie la protección de la biodiversidad con las exigencias del desarrollo rural sostenible en un territorio donde ambas realidades conviven de forma inextricable.
