El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, ha remitido al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa un documento con las propuestas elaboradas por el Ejecutivo autonómico y las inquietudes expresadas por el sector productivo en el comité de coordinación creado ante la crisis de Irán. Esta instancia, constituida y reunida el lunes pasado, integra a representantes de las consejerías implicadas y al tejido empresarial para valorar el impacto del conflicto y exigir un plan nacional de respuesta inmediata. Arasti ha instado al Gobierno de España a implementar “cuanto antes” estas acciones para salvaguardar a las familias y al sector productivo cántabro y nacional, en un contexto de subidas generalizadas de precios energéticos y combustibles.
Entre las principales reclamaciones figura la supresión inmediata del impuesto del 7 por ciento sobre la generación eléctrica, junto con la reducción del IVA del 21 al 10 por ciento —durante tres meses prorrogables— en las facturas de electricidad y gas natural, así como en la compra de biomasa, madera para leña, gasolina, gasóleo y gasóleo agrícola. Asimismo, se propone una bonificación del 11 por ciento por litro en combustibles de automoción y agrarios, aplicable explícitamente a los sectores del transporte de mercancías y viajeros, autotaxi, primario y pesca no recreativa, con el mismo plazo temporal ampliable.
Arasti también aboga por actualizar los tramos del IRPF en su ámbito estatal para contrarrestar los efectos de la inflación y evitar un incremento encubierto de la presión fiscal sobre los hogares. En el apartado industrial, reclama una bonificación permanente del 80 por ciento en los peajes de acceso a redes de transporte y distribución eléctrica para empresas electrointensivas, así como elevar las compensaciones por costes de emisiones de CO2 hasta el 25 por ciento de lo recaudado —límite europeo—, equiparándose a Francia y Alemania, países que compensan el doble o triple respecto a España. “No es admisible que el Gobierno central obtenga ingresos de la descarbonización a expensas de la competitividad industrial”, ha argumentado el consejero.
Adicionalmente, se urge establecer en un mes medidas de fomento a la cogeneración, como una subasta de hasta 1.200 megavatios en el primer semestre de 2026 y la definición de un estatuto para consumidores calorintensivos que atienda sus especificidades operativas. Estas propuestas han recibido el aval unánime del tejido productivo cántabro, representado en el comité por el director general de CEOE-CEPYME, Francisco Aguilera; el presidente de la Cámara de Comercio, Tomás Dasgoas; clústeres como GIRA (automoción), MARCA (marítimo), CID (defensa), CINC (nuclear) y CIF (investigación del fuego); asociaciones de autónomos (ATA, TAEC, UTAC); el sector primario, conservero y transporte.
El sector ha elogiado la “rapidez y responsabilidad” del Gobierno de Cantabria en la creación del comité, pidiendo un seguimiento eficaz de precios, fin a la especulación y simplificación administrativa para evitar cargas burocráticas innecesarias. Empresas electro y calorintensivas como Solvay, Ferroglobe, Sidenor, Bondalti, Global Steel Wire, Cementos Alfa, Reinosa Forgins & Castings, Vitrinor y Froxá han subrayado el “carácter estructural” de sus problemas, con hasta el 50 por ciento de costes ligados a energía y combustibles, y respaldan adoptar modelos exitosos de competidores europeos.
