El Servicio de Contratación y Compras del Ejecutivo autonómico ha activado la revisión de varios expedientes de empresas salpicadas por el ‘caso Obras Públicas’, con el foco puesto en confirmar si las personas condenadas por la sentencia firme siguen al mando o con peso decisivo en la gestión de esas compañías. El objetivo es claro: bloquear cualquier adjudicación si los inhabilitados mantienen el control, ya sea como administradores o con mayoría en los consejos.
Roberto Media, consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, ha desgranado el procedimiento en la rueda de prensa donde presentó el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 2025-2032. “Si no son administradores ni controlan la mayoría, podrán seguir contratando; si están al frente o tienen la sartén por el mango, no hay opción”, ha resumido sin rodeos. En su departamento ya hay “expedientes abiertos”, pero no se paralizan: se da un plazo a las firmas para que presenten su estructura societaria actual y se verifica con los datos del informe jurídico .
Todo arranca de un dictamen legal que aterrizó en la administración “hace unas semanas”, a petición del propio Gobierno tras confirmarse la firmeza de la sentencia. Este documento marca el camino a seguir para todos los servicios de contratación: pedir el formato social de las empresas y comprobar el rol de los condenados. En Fomento, por ejemplo, ya se ha puesto en práctica en temas como el mantenimiento de carreteras, adelantándose incluso a otras áreas .
La sentencia, que ha sido el detonante, impuso tres años y ocho meses de inhabilitación para contratar con la administración pública a varios implicados clave: el apoderado de API Movilidad e Imesapi, el administrador de CANNOR y La Encina, y el administrador, apoderado y socio de RUCECAN. Con la firmeza en la mano, el Ejecutivo activó los controles para que esa pena tenga efectos reales y no quede en papel mojado .
Media ha dejado claro que esto no es un problema aislado de Cantabria: “Nos va a pillar a todas las administraciones, desde ayuntamientos hasta el Estado central”. Lo ha dicho respondiendo a las preguntas de los periodistas, en un momento en que otros departamentos también mueven ficha. Un caso concreto es la consulta de Educación a RUCECAN para las obras de ampliación del IES Marismas de Santoña, tal como avanzó ayer El Diario Montañés .
El consejero ha insistido en que el proceso es meticuloso: se requiere la documentación completa de cada sociedad para ver si los condenados siguen de dueños, gerentes o con influencia mayoritaria en las decisiones. Si todo cuadra con las normas, las empresas pueden seguir en la pelea por los contratos; si no, puerta cerrada. Este filtro llega en un momento sensible para las licitaciones públicas, donde la transparencia es el mantra repetido por todos los gobiernos .
Veremos cómo resuelven los expedientes pendientes, pero el mensaje del Gobierno es inequívoco: no más excepciones para quienes han sido señalados por la justicia. En un contexto de adjudicaciones millonarias, como las de infraestructuras y mantenimiento, estas revisiones marcan un antes y un después en la gestión de fondos públicos en la región .
