Una de las familias afectadas por el derrumbe de la pasarela en El Bocal, Santander, ya se ha personado en la causa judicial abierta por este trágico suceso que dejó seis jóvenes muertos y una herida grave, al tiempo que el Ayuntamiento de Santander actúa como responsable civil. Mientras tanto, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander ha requerido documentación clave a varias administraciones, que ya están recopilándola para entregarla en los plazos establecidos, que concluyen el próximo martes 17 de marzo.
La jueza, que ha tomado las riendas de la investigación tras recibir un exhaustivo atestado elaborado en tiempo récord por la Policía Judicial y Científica del Cuerpo Nacional de Policía en Cantabria, ha solicitado al Servicio de Emergencias 112 toda la información sobre posibles llamadas previas alertando del mal estado de la infraestructura colapsada. En particular, quiere conocer si hubo más avisos además del registrado el día anterior al accidente, cuando un vecino de la zona denunció por teléfono el peligro que entrañaba el puente, una incidencia que se derivó a la Policía Local sin que prosperara. Fuentes del 112 han confirmado que están recopilando toda la información solicitada y la remitirán a la autoridad judicial en cumplimiento de lo requerido, incluyendo posibles audios de esas comunicaciones.
En paralelo, el Ayuntamiento santanderino prepara “a la mayor brevedad” la documentación demandada por la magistrada, que abarca expedientes administrativos, informes técnicos del fallido proyecto de la senda costera –que se paralizó por oposición vecinal–, así como datos sobre la conservación y mantenimiento de los elementos del paseo marítimo desde el faro de Cabo Mayor hasta La Maruca. El Consistorio tiene hasta el martes 17 para hacer efectiva la entrega, según el plazo fijado por el juzgado.
La Demarcación de Costas del Gobierno de España, por su parte, recibió el oficio judicial el lunes 9 de marzo y también está reuniendo “todo” lo requerido, con previsión de cumplir en el mismo plazo marcado. La jueza ha sido tajante al prohibir a Ayuntamiento y Costas cualquier manipulación, traslado o alteración de la pasarela siniestrada, que permanece precintada y con barreras físicas para impedir accesos.
En el punto de mira está la agente de Policía Local que atendió la llamada del 112 el día previo al derrumbe, citada a declarar el 27 de marzo en calidad de investigada. El Ayuntamiento, tras recibir el informe interno de la Jefatura, ha aprobado incoar expediente disciplinario contra ella, aunque ha suspendido su tramitación hasta que haya resolución judicial sobre el caso. Fuentes cercanas han confirmado que la policía se encuentra de baja laboral desde los hechos y no está en activo.
La providencia judicial también convoca como testigos para esa misma fecha a los dos ciclistas que alertaron del accidente, el vecino que llamó al 112, la operadora de Emergencias que pasó la incidencia a la Policía Local y los dos agentes de la Nacional que hicieron la inspección ocular inicial. La magistrada ha ofrecido acciones a los familiares de las seis víctimas mortales y a la única superviviente, de las que al menos una familia ha hecho uso ya.
Estas primeras diligencias se enmarcan en la investigación abierta por el colapso de la pasarela, vinculada al proyecto paralizado de la senda litoral norte, en una zona que ha generado controversia por su estado de deterioro y la oposición ciudadana a las obras previstas.
