El comité de empresa de la factoría de Solvay en Barreda (Torrelavega), representado por UGT-FICA, CCOO Industria y USO Industria, ha rechazado la documentación aportada por la multinacional para justificar el expediente de regulación de empleo (ERE) que prevé 77 despidos, al considerar que no incluye ningún plan industrial y se centra exclusivamente en reducir plantilla y precarizar las condiciones en la planta. En la primera reunión del período de consultas, celebrada hoy, la empresa se ha limitado a cumplir las formalidades legales entregando los documentos requeridos, sin presentar propuestas que aseguren la viabilidad futura de la instalación.
Según el comunicado sindical, los papeles revelan la intención real de Solvay: una reorganización que implica subcontratación o externalización total de actividades esenciales, lo que afectaría a todas las unidades productivas —excepto Dirección y Recursos Humanos— y a todas las categorías profesionales. Los representantes obreros advierten de que esta estrategia mantendría las operaciones necesarias, pero a un coste laboral sensiblemente inferior, sin inversiones que garanticen la sostenibilidad a medio y largo plazo.
Los sindicatos recuerdan el respaldo público recibido por Solvay en su transición energética, incluyendo fondos del PERTE para la descarbonización, Certificados Energéticos y subvenciones anuales de las administraciones. «La sociedad ha financiado esta modernización, y ahora la empresa opta por recortes sin contrapartida», señalan, al tiempo que interpretan el ERE como otra fase de un cierre progresivo de la planta de Torrelavega, donde la competitividad no puede basarse solo en la precariedad laboral.
Por ello, UGT-FICA, CCOO Industria y USO Industria rechazan frontalmente la medida y exigen un plan industrial basado en inversiones reales, junto con un Plan Social para cualquier ajuste, como en precedentes anteriores de la fábrica, que priorice recolocaciones y medidas no traumáticas. La negociación continuará los días 10, 12, 16, 19, 23 y 26 de marzo, con conclusión prevista el 1 de abril.
Este posicionamiento sindical pone de manifiesto las tensiones en un sector clave para Cantabria, donde la factoría de Barreda emplea a cientos de trabajadores y ha sido objeto de apoyos públicos significativos. El comité insta a las autoridades a intervenir para exigir compromisos de futuro a la multinacional.
