La Fiscalía de Medio Ambiente de Cantabria ha comunicado formalmente a Podemos Cantabria la incoación de diligencias de investigación preprocesal, tras admitir a trámite su denuncia por posibles vulneraciones graves de la normativa ambiental en el proyecto “ACD La Engaña: Mejora de plataforma y ejecución de carril bici-peatonal compartido”, financiado con fondos europeos NextGenerationEU. La formación morada había alertado de la ausencia completa de evaluación ambiental estratégica, del fraccionamiento sospechoso de la actuación para sortear los controles exigidos por la ley y de la falta de análisis sobre el impacto en la Red Natura 2000, especialmente en el entorno del Castro protegido.
Según Podemos, este vial no es un simple carril bici, sino el acceso diseñado específicamente para el futuro teleférico Mirador del Pas, que podría atraer hasta 300.000 visitantes anuales al espacio natural sensible, pero se tramita de forma aislada, obviando cualquier control ambiental conjunto y vulnerando el principio de “no causar perjuicio significativo” (DNSH) que rige los fondos europeos.
La denuncia llega después de un recorrido de más de un año por vías administrativas y europeas. Podemos presentó un recurso de alzada contra la ausencia de controles ambientales, que quedó sin respuesta de la administración; luego elevó el caso a la Comisión Europea, que respondió por escrito confirmando que cualquier proyecto con repercusiones apreciables en la Red Natura debe someterse a una evaluación exhaustiva por las autoridades competentes. Sin embargo, el Gobierno regional no sólo ignoró esa directriz, sino que emitió una nota de prensa afirmando que Europa “les daba la razón”, cuando la respuesta oficial decía lo contrario, según la formación.
La incoación de diligencias marca el arranque de una pesquisa formal para esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y asegurar el acatamiento de la normativa estatal y comunitaria. Podemos calcula que el proceso podría derivar en la suspensión cautelar de las obras mientras se depuran irregularidades, y si prospera la acusación de fraccionamiento –es decir, dividir un proyecto único en fases para evitar evaluaciones–, el teleférico quedaría en jaque, ya que ambas actuaciones formarían un todo que debió tramitarse de forma unificada desde el principio.
Pablo Gómez, responsable de medio ambiente de Podemos Cantabria, ha valorado la decisión fiscal como “un paso clave para evitar un daño irreversible en un paraje de alto valor ecológico”. “Llevamos año y medio en la batalla: recurrimos, fuimos a Europa y ahora a la Fiscalía. Hoy vemos frutos de ese trabajo incansable. Confiamos en que esta investigación pare una infraestructura turística masiva que nunca debió arrancar sin garantías ambientales”, ha declarado. La formación reitera su apuesta por defender el patrimonio natural de Cantabria, un desarrollo sostenible en los valles y el respeto escrupuloso a las normas europeas, especialmente en proyectos con dinero público de la UE.
