Pedro Hernando, portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, ha pedido la comparecencia urgente del Gobierno de Cantabria en la Comisión de Fomento del Parlamento para que aclare los vaivenes en torno al puente sobre la ría de Cubas, entre Marina de Cudeyo y Ribamontán al Mar. Quiere que la directora general de Obras Públicas e Infraestructuras, María del Carmen López Camus, dé cuenta de los 27 interrogantes sobre esta rehabilitación que ha pasado de 3,68 millones a casi 10 millones en apenas unos años.
El regionalista critica la actuación del Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga y Roberto Media, que desistió del contrato en septiembre de 2023 pese a que el proyecto venía aprobado del gobierno anterior en 2022. En febrero de 2024, Fomento validó ese mismo plan, licitó de nuevo y adjudicó las obras por 3,68 millones, con inicio en noviembre de ese año. Pero ahora, con el puente ya en marcha, detectan un deterioro mucho mayor y aprueban un modificado de emergencia que engorda la factura hasta los 10 millones.
Hernando ironiza: «Todo lo que toca Media se encarece por arte de magia»
«Lo que toca el consejero Media se encarece de la noche a la mañana», ha soltado Hernando, equiparando este caso al puente de Requejada-Suances, tasado inicialmente en 45 millones y que con la fórmula privatizadora del PP ha saltado a 188 millones, diluyendo el pago en 26 años. Quiere saber cómo la paralización de 2023 afectó a las patologías del puente, expuesto al corrosivo ambiente marino que acelera su degradación progresiva.
Pregunta por los motivos del desistimiento cuando el proyecto ya estaba supervisado y adjudicado, los informes técnicos que lo justificaron y la indemnización abonada a la empresa. También le choca que, tras alegar graves deficiencias, reutilizaran íntegro el plan de 2022 para la nueva licitación en 2024, cuando Media en 2026 dice que no reflejaba la realidad del deterioro.
27 preguntas sobre retrasos, deterioro y escalada de costes
El PRC indaga si los retrasos desde la llegada del PP al poder han agravado el estado del puente, quién responde por la degradación durante la parálisis administrativa y cómo se evita que vengan más modificados disparando aún más el coste final. Exige detalles de esa escalada presupuestaria y garantías de que no se repetirá.
Hernando pone el dedo en la llaga al reprochar que en 2026 se eche la culpa al anterior gobierno, cuando el actual es el que paralizó el expediente, desistió del contrato, recicló el proyecto viejo y acabó triplicando la factura con las obras ya licitadas. Esta batería de cuestiones busca arrojar luz sobre una gestión que, a juicio del PRC, ha convertido una infraestructura vital en ejemplo de improvisación y sobrecostes.
