El PSOE de Cantabria ha aprobado una resolución en defensa de la sanidad pública durante la reunión del Comité Autonómico, máximo órgano entre congresos, celebrada este sábado 24 de enero. En el texto, los socialistas reclaman al Gobierno autonómico que revierta los recortes y el deterioro del sistema sanitario, apostando por nuevas inversiones que refuercen las plantillas de profesionales y mejoren las prestaciones existentes en el Servicio Cántabro de Salud.
La resolución exige además paralizar el convenio singular con el hospital privado Santa Clotilde y reclama que los 256 millones de euros previstos para la sanidad privada se destinen a fortalecer la sanidad pública, a la que consideran “la única garantía” para asegurar el derecho a la salud en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía. Según el PSOE, en apenas dos años y medio de legislatura del Partido Popular se ha consolidado “una estrategia de depreciación de los servicios públicos, recortes sociales y deterioro del estado del bienestar” en la comunidad autónoma.
Los socialistas recuerdan también la etapa de María José Sáenz de Buruaga como consejera de Sanidad entre 2011 y 2015, en la que, a su juicio, se produjeron dos “hitos nefastos”: el aumento de la jornada del personal sanitario hasta las 37,5 horas semanales, con la consiguiente reducción de plantilla, y la privatización de parte de los servicios del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por valor de 900 millones de euros. A su entender, esos antecedentes ya apuntaban la dirección de la política sanitaria actual.
En esta legislatura, el PSOE denuncia que se ha acelerado “la demolición” del Servicio Cántabro de Salud, señalando como ejemplo más evidente el convenio entre el SCS y el hospital Santa Clotilde. Recuerdan que este acuerdo ha sido posible gracias a la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2024, con la que, sostienen, el PP ha abierto la puerta a conciertos singulares sin concurso público, sin límite de plazo y “a dedo”, en función de las necesidades que se aleguen.
La resolución cita también el Hospital Comarcal de Laredo como “otro ejemplo de desmantelamiento”. Según los socialistas, desde la llegada del PP al Gobierno se ha producido un deterioro progresivo de su cartera de servicios, con decisiones como la reordenación del personal de enfermería del bloque quirúrgico, la suspensión en verano del servicio de atención domiciliaria o la ausencia de traumatólogos durante festivos y fines de semana para la población del oriente de Cantabria.
El PSOE añade a este cuadro “el caos” vivido en los centros de salud y consultorios rurales durante el último verano, cuando hasta 80 centros llegaron a estar una semana o más sin médico de guardia, una situación que, denuncian, se habría repetido durante las vacaciones de Navidad. También señalan el cierre del centro de salud de Reinosa, del que critican la falta de un calendario claro de reapertura; el “incumplimiento” en torno al prometido hospital de Castro Urdiales, del que “nada se sabe”; y la reducción progresiva del horario de urgencias pediátricas en el hospital de Sierrallana.
Otro caso que los socialistas consideran paradigmático es el de la comarca de Liébana, que lleva año y medio sin pediatra. A su juicio, esta carencia hace “imposible” un desarrollo de vida normal para muchas familias, al privarles de un servicio básico de atención sanitaria infantil.
Por último, la resolución se detiene en la situación del transporte sanitario no urgente, donde el PSOE reprocha al PP que se niegue siquiera a estudiar la internalización del servicio. Aseguran que el modelo actual acumula “prestaciones mejorables, condiciones laborales inaceptables y quejas constantes por el incumplimiento de rutas y horarios”, y reivindican que la gestión directa sería la vía para garantizar tanto la calidad del servicio como los derechos laborales de la plantilla.
