Cantabria ha elevado hoy al Ministerio del Interior la demanda de un fondo de contingencias ad hoc para afrontar amenazas y crisis emergentes, junto con una revisión de la normativa de contratación pública que la haga más flexible y directa en casos críticos para la población. La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, lo ha planteado en el Pleno telemático del Consejo Nacional de Protección Civil, presidido por el ministro Fernando Grande-Marlaska.
Urrutia ha recordado que estas propuestas figuran en un dictamen unánime de regiones y ciudades europeas, impulsado por Cantabria en la Estrategia de Preparación de Europa para la gestión de crisis, y ha instado al Gobierno central a respaldarlas ante las instituciones comunitarias. «Es indispensable que los planes de emergencia tengan recursos suficientes y mecanismos simplificados para una respuesta veloz a la ciudadanía», ha enfatizado la consejera.
En otro frente, Cantabria y once comunidades más se han abstenido en la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias, que absorberá la actual Dirección General, por la opacidad sobre su estructura y competencias. «No sabemos el rol del CENEM, las unidades en Delegaciones de Gobierno ni el de las autonomías en este cambio; participamos ya en el Sistema Nacional y todo es incertidumbre», ha criticado Urrutia, que ha alertado de la soledad autonómica en emergencias nacionales.
A petición de Cantabria y otros territorios, el Ministerio ha aplazado la aprobación de directrices básicas sobre riesgo químico, terremotos y transporte de mercancías peligrosas, para su revisión en un grupo de trabajo que las pulirá antes del visto bueno final en el Consejo.
