El Tribunal de Cuentas ha recomendado endurecer los controles financieros sobre el Servicio Cántabro de Salud (SCS), dada la magnitud de su presupuesto y las «deficiencias reiteradas» en su adecuación inicial, que provocan gastos sin crédito suficiente. El informe de fiscalización de las cuentas de la comunidad autónoma de 2023, publicado el 27 de noviembre, señala que el SCS —dependiente de la Consejería de Salud— carece de función interventora, sustituida por un control financiero que el órgano fiscalizador juzga insuficiente. Propone reformar las normas del SCS, el Servicio Cántabro de Empleo y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales para obligarles a presupuestos propios y cuentas independientes de la Administración General.
El documento constata una salvedad contable grave: se imputaron al ejercicio 2023 obligaciones de años anteriores por 115 millones de euros (+36,3% sobre 2022), de los que 64 millones corresponden al SCS. Estos gastos, realizados sin dotación, se reconocieron como corrientes cuando debían haberlo sido en su origen, mientras que 109 millones de obligaciones del año no se cargaron al presupuesto —61,9 del SCS—, dejando las cuentas sobrevaloradas en 5,7 millones. Es una anomalía recurrente: en 2022 ya se necesitaron 130 millones extra para el SCS.
El análisis critica la presentación desordenada de partidas presupuestarias, sin agrupar por capítulos o programas, lo que resta claridad al informe. Detecta además 228 millones sin ejecutar en 2023 y 216 del fondo de Recuperación y Resiliencia no gestionados. Reprende el uso habitual —no excepcional— de créditos europeos para modificar gastos, contrario a la Ley de Presupuestos autonómica, y la falta de datos sobre la Universidad de Cantabria o sociedades como Aberekin, Parque Empresarial y Gran Casino del Sardinero, fuera de control interventor.
En entidades sin interventor, como el SCS o el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, el control financiero es «insuficiente», y no se audita la Universidad, tres fundaciones públicas ni 18 de 19 empresas públicas, pese a sus auditorías anuales. Solo se acreditaron informes de eficacia en 8 entidades. Menores incidencias afectan al ICANE —sin registrar cesión de instalaciones— u ODECA —falta contabilidad de inmuebles cedidos—. La Universidad omite en su memoria el cumplimiento de objetivos y desviaciones presupuestarias, lo que las hace «cuestionables».
