El Ejecutivo de Cantabria enviará hoy una carta oficial al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible solicitando ampliar en un mes el plazo para que se puedan presentar alegaciones al estudio informativo del tren Santander-Bilbao, actualmente en fase de información pública hasta el 12 de diciembre. Así lo ha anunciado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, tras un encuentro con cerca de diez alcaldes de municipios afectados por los trazados propuestos por el Gobierno central.
En la reunión, Media recogió las preocupaciones expresadas por las localidades sobre los impactos que tendrían ambos trazados, que atraviesan diversas zonas sensibles. Sobre la suspensión inmediata de licencias urbanísticas en las áreas por donde se proyecta la línea, el consejero denunció que algunos ayuntamientos no pueden conceder licencias de primera ocupación a viviendas recientemente terminadas, y que varios planes de nuevas construcciones han quedado paralizados.
El consejero ha definido como «verdaderos disparates» algunas de las soluciones contenidas en el estudio informativo y ha criticado el aparente poco interés del Ministerio en que el proyecto avance, señalando que parece diseñado para enfrentar a la ciudadanía y a las instituciones cántabras contra la iniciativa. No obstante, insistió en que la necesidad de un tren de altas prestaciones entre Santander y Bilbao es «imperiosa» para el futuro económico de la comunidad, pero no a cualquier precio, por lo que instó a una rectificación en el diseño del proyecto para hacerlo viable y aceptable.
El Gobierno de Cantabria ya trabaja en las alegaciones que presentará, independientemente de que se amplíe el plazo o no. Las objeciones se articularán en dos grandes bloques. El primero defenderá la viabilidad técnica y social del proyecto, con el apoyo de un estudio elaborado por la Universidad de Cantabria, que ya evidencia discrepancias y errores en el informe ministerial. El segundo se centrará en los perjuicios sociales y urbanísticos que podrían sufrir las localidades afectadas.
Además, los ayuntamientos solicitaron al Gobierno autonómico la posibilidad de preparar un estudio técnico alternativo, con propuestas de trazado mejoradas, aunque reconocen que esta competencia recae finalmente en la Administración General del Estado.
Junto al consejero, en la reunión estuvieron presentes el director general de Transportes y Comunicaciones, Pablo Herrán, y representantes de los ayuntamientos de Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Entrambasaguas, Solórzano, Ampuero, Hazas de Cesto, Guriezo, Villaescusa, Ribamontán al Monte y Bárcena de Cicero.
Esta petición de prórroga responde a la necesidad de contar con más tiempo para evaluar con detalle un proyecto que, según el Gobierno cántabro, afecta directamente a la planificación urbanística y a la calidad de vida de cientos de municipios y ciudadanos de la comunidad autónoma.
