El Partido Regionalista de Cantabria ha comunicado su intención de presentar alegaciones al estudio informativo del tren de altas prestaciones Santander-Bilbao, aprobado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para impedir el “gravísimo impacto social” que supone el trazado actual. Según el PRC, este estudio parece diseñado para favorecer la ejecución únicamente hasta Castro Urdiales, dejando sin concreción el tramo final hasta Santander, lo que genera incertidumbre y perjuicios para numerosos municipios.
Jesús Ochoa, secretario de Organización del PRC, mantuvo una reunión con alcaldes y representantes de varios ayuntamientos regionalistas, entre ellos Villaescusa, Medio Cudeyo, Bárcena de Cicero, Guriezo, Ribamontán al Monte, El Astillero, Marina de Cudeyo, Hazas de Cesto, Colindres, Limpias, Liendo, Castro Urdiales, Solórzano, Ampuero, Voto y Entrambasaguas. En el encuentro, la dirección del partido expresó un apoyo total para evitar que esta “obra imprescindible para el futuro de Cantabria” termine perjudicando severamente el territorio con la demolición de más de 100 edificios y hasta una iglesia, además de poner en riesgo viviendas y actividades económicas locales.
El PRC denuncia que el proyecto se ha sometido a información pública sin la presentación oficial ni comunicación previa a los ayuntamientos afectados, con un plazo muy corto para la formulación de alegaciones, lo que consideran “inaceptable” y un posible engaño para Cantabria. Además, advierten que la ejecución del trazado actual implicaría la suspensión de licencias urbanísticas durante una década, hipotecando la planificación y desarrollo urbanístico de las localidades cruzadas por la vía.
Jesús Ochoa subraya que el tren a Bilbao es una conexión que Cantabria necesita para modernizarse y ganar competitividad, pero rechaza tajantemente que la obra se lleve a cabo “a cualquier precio” y sacrifiquen el bienestar y la cohesión social de los pueblos por los que discurre el trazado. El PRC reclama que cualquier proyecto de infraestructura garantice que se mantengan la continuidad territorial, la cohesión urbana y la estabilidad social en las poblaciones afectadas.
El secretario de Organización regionalista insta al Gobierno de Cantabria a involucrarse y coordinarse con los ayuntamientos en la búsqueda de alternativas que minimicen el impacto social y territorial. Según Ochoa, la comunidad autónoma “se juega su futuro” y debe asegurarse que la obra ferroviaria no solo se realice, sino que lo haga respetando el territorio y los intereses de sus ciudadanos, preservando así la esencia de los pueblos y el sustento económico local.
El PRC prepara alegaciones dirigidas a garantizar plazos razonables y un recorrido alternativo que evite la destrucción de edificaciones y vivienda, reclamando un proyecto más justo y sostenible para el conjunto de Cantabria.
