La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la comunidad autónoma ha puesto al descubierto más de 16,3 millones de euros en fraudes y multas de enero a octubre, normalizando la situación de 1.666 trabajadores, entre ellos unos 400 que operaban como falsos autónomos. Pedro Casares, delegado del Gobierno, y Eduardo Arasti, consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, han valorado estos números antes de capitanear la Comisión Operativa Autonómica, dirigida por Miguel Ángel Gálvez, donde se pasó revista a acciones en prevención de riesgos, empleo, relaciones laborales, Seguridad Social, economía irregular y extranjería. De esa pasta aflorada, 8,8 millones van a liquidaciones de cotizaciones pendientes, 6,3 millones a sanciones y 1,1 millones devueltos en salarios atrasados, un esfuerzo que ambos han ligado al tándem entre los gobiernos central y autonómico para blindar derechos laborales frente a altas ficticias, jornadas infladas o irregularidades.
Casares ha aplaudido el «currículo impecable» de inspectores y subinspectores, que pelean codo con codo contra la precariedad y el fraude, con 33 operaciones junto a la Policía Nacional y 30 con la Guardia Civil hasta la fecha. En Seguridad Social, saltaron 738 infracciones por 3,7 millones en multas afectando a 982 currelas, más 8,8 millones en liquidaciones y 1.382 altas nuevas; en Economía Irregular y Extranjería, la infracción reina sigue siendo trabajar sin papeles por cuenta ajena, con 709.000 euros en sanciones. Arasti ha insistido en que estos datos no solo validan la Inspección, sino que urgen más vigilancia, y ha presumido de unos guarismos «de lujo» que ayudan a bajar la siniestralidad: un 7% menos en leves, 21% en graves y un abrupto 63% en mortales hasta octubre.
En las competencias autonómicas, Prevención de Riesgos Laborales suma 738 infracciones por 1,5 millones de multa a 3.276 trabajadores, con 1.786 inspecciones y 2.017 requerimientos para evitar males mayores. Empleo y Relaciones Laborales deja 1.508 actuaciones, 251 infracciones por 323.883 euros impactando a 1.071 asalariados, más 884 contratos saneados vía Plan de Choque contra fraudes temporales y 1,1 millones recuperados en nóminas. «Es un compromiso férreo con los derechos, y el Gobierno central lo refuerza con cambios estructurales profundos», ha remachado Casares, mientras Arasti ve en ello la clave para una Cantabria con menos accidentes y más equidad.
Mirando a 2026, Gálvez ha desgranado 7.590 órdenes de servicio, con novedades como campañas contra riesgos por edad avanzada, post-accidente o enfermedad profesional, más foco en género, embarazos, lactancia y adaptación de puestos para discapacitados. En irregularidades y extranjeros, irán a por el trabajo en B en sectores punteros, trata laboral y plataformas digitales; Seguridad Social mantendrá la caza al fraude con revisiones retroactivas de salarios; y en relaciones laborales, control estricto de contratos variopintos y cesiones ilegales de mano de obra. Este plan intensivo llega tras años de progresión –de 7,6 millones en 2021 a 13 en 2023 y casi 16 en 2024–, confirmando que la Inspección es el escudo contra abusos en una autonomía industrial donde el falso autónomo y la cotización fantasma siguen campando.
