La sociedad científica Aranzadi ha arrancado esta semana en el cementerio parroquial de Mirones, en Miera, los trabajos de prospección, exhumación e identificación de tres combatientes republicanos ejecutados en julio de 1937: Cecilio Romaña, Luis Portillo y Alejandro Miquelarena, vecinos de Castro Urdiales que, tras ser fusilados extrajudicialmente sin juicio ni defensa, acabaron arrojados al río Pas y rescatados por lugareños para enterrarlos en fosa común fuera del camposanto. La iniciativa, promovida por la Asociación Héroes de la República y financiada con más de 13.000 euros del Gobierno central, busca ofrecer «dignidad, justicia y reparación» a víctimas y descendientes, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática estatal. Pedro Casares, delegado del Gobierno en Cantabria, ha supervisado las labores junto a Zoraida Hijosa, directora general de Atención a Víctimas; Jorge Suárez, presidente de la asociación; y Carlos Yáñez, fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
Casares ha cargado contra el Ejecutivo autonómico de María José Sáenz de Buruaga por negarse a apoyar el proyecto pese a repetidas peticiones de Héroes de la República, recordando que la presidenta popular prometió que derogar la Ley de Memoria Histórica cántabra no tocaría las exhumaciones, una «mentira» flagrante según el delegado socialista. Ha insistido en que la normativa autonómica sigue vigente por la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional a la ley de derogación, y ha acusado al Gobierno PRC-PP de incumplirla, dejando en la estacada a familias que esperan 88 años por cerrar heridas. «Madrid cumple con las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista; Cantabria, no», ha zanjado, elogiando el rol de asociaciones en una comunidad con 150 fosas documentadas pendientes.
El pulso se tensó ayer por la mañana cuando una mujer, presentándose como arqueóloga del Gobierno autonómico, exigió parar las excavaciones, pero Yáñez verificó la ausencia de orden formal, aviso o documento oficial –pese a autorizaciones previas– y dio luz verde para continuar, con Casares e Hijosa testigos. Hijosa ha reivindicado el «compromiso inquebrantable» de España con memoria y derechos humanos, aclarando que estas intervenciones trascienden ideologías: «Son para dignificar víctimas y ayudar a familias en duelo eterno, no política». Ha tendido la mano al Ejecutivo de Buruaga para colaborar como en otras autonomías, subrayando que recuperar restos de estos tres del Ejército Constitucional –hacinados en fosas sin lápida– es un deber humanitario universal.
Aranzadi, experta en forensics de Guerra Civil, aplica métodos científicos para exhumar, analizar ADN e identificar en una fosa que simboliza los miles de represaliados cántabros, fusilados por falangistas en retaguardia nacional. Casares ha agradecido a fiscales y entidades su empuño contra obstáculos, en un contexto donde el Gobierno central ha invertido millones en 4.500 fosas nacionales, priorizando verdad histórica sobre olvido. La visita institucional refuerza que, pese a fricciones locales post-derogación, el Estado avanza en reparación, invitando a Cantabria a sumarse sin vetos que prolonguen el silencio sobre crímenes de lesa humanidad.
