La Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (AVUTCAN) ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad para impugnar el decreto autonómico que regula el alquiler de viviendas turísticas, una norma cuya suspensión cautelar también ha solicitado mientras se resuelve el procedimiento judicial.
El colectivo respalda su demanda en un informe técnico elaborado por la consultora inAtlas, que cifra en más de 1.015 millones de euros las pérdidas que podría generar la aplicación del decreto en solo dos años, además de la desaparición de 2.371 empleos anuales. Según ese estudio, la nueva normativa provocaría un “elevado coste social y económico” y una sobrecarga administrativa que recaería principalmente en los ayuntamientos.
AVUTCAN sostiene que la norma “castiga un modelo no especulativo”, ya que, según recuerda, la mayoría de las viviendas de uso turístico en Cantabria pertenecen a vecinos de la comunidad que alquilan sus segundas residencias o inmuebles familiares para obtener ingresos complementarios, afrontar hipotecas o mantener propiedades heredadas en zonas donde “apenas existen otras alternativas económicas”.
En este sentido, la asociación alerta de que la aplicación del decreto supondrá la retirada de hasta un 62% de la actual oferta, lo que a su juicio “vaciará de visitantes numerosos pueblos del interior, reducirá ingresos en comercios y hostelería y aumentará la brecha entre la costa y el medio rural”. AVUTCAN interpreta esta medida como un riesgo añadido para el equilibrio territorial y advierte de que consolidará un modelo turístico “más concentrado y desigual”.
El recurso recoge además que el propio Consejo de Estado, antes de la aprobación definitiva del Decreto 50/2025, ya había advertido de “notables deficiencias” en su tramitación, entre ellas la falta de un análisis jurídico completo, la ausencia de una evaluación económica rigurosa y la inexistencia de una valoración real de las cargas administrativas para los consistorios y los ciudadanos.
La asociación critica que el Gobierno de Cantabria aprobara el texto el pasado verano “sin subsanar los fallos señalados y sin disponer de una memoria de impacto bien fundamentada”. En el ámbito jurídico, el colectivo califica la norma de “inconstitucional e ilegal”, al considerar que impone una retroactividad prohibida al exigir que las 6.445 viviendas ya dadas de alta vuelvan a tramitar su registro bajo amenaza de cierre. También acusa al Ejecutivo autonómico de invadir competencias municipales en materia urbanística y de incumplir la normativa europea al no realizar la notificación previa obligatoria.
AVUTCAN recalca que durante todo el proceso mantuvo una postura “abierta y dialogante”, aunque lamenta que sus aportaciones y las advertencias de varios ayuntamientos no fuesen atendidas. Según señala, el Gobierno “ha ignorado el peso del turismo en la economía cántabra, que representa en torno al 11% del PIB, y el riesgo de colapso burocrático que implicará para las entidades locales”.
En su comunicado final, la asociación reclama la suspensión inmediata del decreto y pide al Ejecutivo autonómico que abra un nuevo proceso de regulación “basado en datos contrastados, jurídicamente sólido y respetuoso con los municipios y las familias cántabras”. De no hacerse, advierte, “Cantabria avanzará hacia un modelo más concentrado, más frágil y menos justo, con una costa saturada y un interior cada vez más despoblado”.
