La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación ha celebrado este martes una reunión de la Mesa Regional del Lobo, organismo consultivo que agrupa a todos los agentes implicados en la gestión y protección del cánido en la comunidad. María Jesús Susinos, titular del área, presentó el avance del borrador del nuevo Plan de Gestión del Lobo, reportando las alegaciones recibidas en el proceso de participación pública y actualizando los datos sobre daños ocasionados y control poblacional correspondientes a 2025.
La consejera recordó que el plan vigente, aprobado en 2019, ha quedado desfasado, por lo que se trabaja en una revisión profunda que garantice su efectividad. El Gobierno autonómico aspira a que la aprobación final del nuevo plan se produzca durante el primer trimestre de 2026, tras completar un proceso de consulta que incluya todas las partes afectadas. «Queremos que sea un plan consensuado y para eso ampliamos los plazos para que nadie se quede fuera del debate», señaló Susinos. En concreto, el trámite conjunto de audiencia e información pública se abrió en julio mediante publicación en el BOC.
Durante ese plazo, se registraron 161 alegaciones válidas presentadas por personas particulares, asociaciones ecologistas, colectivos ganaderos, partidos políticos, administraciones y profesionales vinculados. Algunas de estas aportaciones ya se han incorporado al texto con el fin de mejorar el documento en aspectos como la exposición de motivos, la inclusión de un representante adicional de grupos ecologistas en la Mesa del Lobo —que pasa a contar con tres miembros— y la creación de mesas de trabajo especializadas vinculadas a la Mesa General.
En cuanto a los datos actualizados sobre daños por ataques del lobo hasta el 30 de septiembre de 2025, se registran 2.425 episodios y 2.812 animales muertos. Entre los ganados afectados, el equino encabeza la lista con 1.046 bajas, representando un 37%, seguido por el ovino con 923, el bovino con 667, el caprino con 151 y el asnal con 22. Las indemnizaciones por estos daños alcanzan ya los 894.000 euros. Según Susinos, estos datos ponen en evidencia que la presión que ejerce el lobo resulta insostenible para la ganadería extensiva si no se aplican controles adecuados.
Las estadísticas revelan una tendencia ascendente en los ataques desde 2019. En 2023, se anotaron 2.322 ataques con 2.817 animales muertos, mientras que en 2024 esas cifras se elevaron a 2.681 y 3.223 respectivamente, marcando un récord histórico en la autonomía. La consejera subrayó que «no se busca exterminar al lobo, sino alcanzar una convivencia equilibrada», aunque remarcó que la cantidad actual de ejemplares dificulta la coexistencia sin medidas efectivas.
Respecto al control poblacional, Susinos informó que ya se han sacrificado 29 ejemplares del cupo autorizado para la temporada 2025/2026, que asciende a 41 lobos. Estos abatimientos se distribuyen entre las zonas de Campoo (9), Besaya (6), Nansa (5), Saja (4), Pas-Pisueña (3), Asón (1) y Costa (1). También se hallaron seis lobos muertos por causas ajenas al control oficial, como furtivismo, atropellos o muerte natural. Actualmente, cuentan con seis autorizaciones activas para la gestión poblacional en diversas áreas destacadas.
Durante el encuentro estuvieron presentes, además de la consejera, el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, y el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, junto a representantes de organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, asociaciones ganaderas y la Federación Cántabra de Municipios.
El Gobierno ha ejecutado ya 35 de los 41 lobos permitidos desde la exclusión del LESPRE esta primavera y mantiene activas las autorizaciones para los seis restantes. Según Susinos, si el cupo se agota antes de junio de 2026 y persisten los daños, podría evaluarse ampliar la cuota para proteger la ganadería, descontando el exceso del siguiente ciclo.
En cuanto al proceso de tramitación, este año se han gestionado 1.658 expedientes de ataques, de los que un 11% fueron desestimados. En cuanto a la zonificación, el nuevo plan prevé dividir Cantabria en dos áreas: una con presencia permitida del lobo donde debe convivir con la ganadería, que incluye 38 municipios (incorporando Ruesga y Arredondo); y otra donde no debería haber ejemplares, con 64 ayuntamientos.
El documento también oficializará y reglamentará la Mesa del Lobo, que hasta ahora tenía carácter consultivo, y ampliará la representación ecologista con un miembro más, además de incluir un representante del Ministerio para la Transición Ecológica.
A la salida del encuentro, el representante de UGAM-COAG, Luis Pérez, solicitó que el plan se apruebe cuanto antes, idealmente a comienzos del año próximo, y reclamó aumentar las extracciones debido a que el cupo actual resulta insuficiente frente a la persistente problemática para los ganaderos. Además, pidió actualización en la compensación económica y agilidad en los pagos.
Es importante destacar que en esta sesión no hubo presencia de colectivos ecologistas y animalistas, que previamente habían anunciado su ausencia por considerar que la Mesa del Lobo “sólo pretende encubrir” la verdadera intención del Gobierno, que desde su punto de vista prioriza la eliminación de ejemplares por criterios electorales y no la conservación ni la coexistencia. Estas organizaciones critican que se omitan medidas preventivas y reclaman una gestión que cumpla con la normativa europea para proteger la especie y reducir los conflictos ganaderos, advirtiendo que la población actual podría reducirse a la mitad con las políticas vigentes, con un daño ecológico irreversible.
