El propietario de un hostal ubicado en Entrambasaguas ha declarado en la Audiencia Provincial de Cantabria que el último arrendatario, acusado de causar graves daños en el inmueble y de apropiarse indebidamente de muebles y maquinaria, firmó en julio de 2018 un contrato por quince años cuando el negocio estaba en pleno funcionamiento y en perfectas condiciones. Según detalló el dueño, el local estaba equipado y autorizado para actividad comercial, y el negocio operativo con todo en orden, incluso con personal residiendo en el establecimiento.
Aunque el acuerdo de arrendamiento contemplaba un acondicionamiento integral con obras y reformas por un valor de 100.000 euros para modernizar el local, el propietario sostiene que los desperfectos detectados tan solo dos meses después de la firma no fueron consecuencia de esas intervenciones, sino daños intencionados: “Se destrozó todo para que me lo compraran por cuatro euros. Recibí muchas presiones para venderlo barato”, afirmó en su testimonio. Entre los daños imputados al arrendatario, la Fiscalía cifra en más de 76.000 euros la destrucción de elementos estructurales y acabados, mientras que la apropiación indebida de muebles, electrodomésticos y maquinaria de cocina y bar supera los 111.000 euros, por lo que solicita más de cuatro años de prisión.
El tribunal ha reconocido que hubo una irregularidad procesal por cambio en la calificación de los hechos de hurto a apropiación indebida, pero la decisión se tomó en favor de una economía procesal para evitar dilaciones prolongadas. La defensa pidió anular el proceso debido a este cambio sin la práctica previa de pruebas, aunque el presidente de la Sala aclaró que los hechos en sí no se han modificado, a pesar de tratarse de delitos distintos. Se admitieron nuevas pruebas y testigos solicitados por la defensa, y la declaración del acusado se reservará para el final del juicio.
En su relato, el propietario contó que, tras firmar el contrato y entregar llaves, sufrió un accidente grave que lo mantuvo alejado del local, y a su regreso encontró el hostal prácticamente demolido, con techos arrancados y reformas incompletas sin licencia municipal. No recibió pagos por parte del arrendatario durante los primeros tres años, período en el que se autorizó el acondicionamiento integral para adaptar el local a las necesidades del inquilino.
Los testimonios aportados al juicio incluyen también los de una trabajadora que estuvo en el hostal realizando tareas de limpieza antes de la firma del contrato, quien afirmó que el local estaba en perfectas condiciones, y de un arrendatario previo que confirmó que el negocio funcionaba a pleno rendimiento antes de que el acusado tomara posesión, señalando que tras los hechos juzgados el establecimiento quedó destrozado, como si hubiera pasado un “tsunami”.
Las acusaciones exigen además multas e indemnizaciones y mantienen la calificación de apropiación indebida junto a los daños materiales causados. La Fiscalía reclama una pena privativa de libertad que supera los cuatro años, mientras que la acusación particular eleva la cifra hasta seis años, sumando ambos delitos. En consecuencia, el caso refleja un enfrentamiento legal que pone en tela de juicio la actuación del arrendatario y la situación real del hostal desde el momento en que fue entregado para explotación comercial.
