El sindicato USO ha reclamado la destitución inmediata de Santiago Díaz Fraile, director de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), tras la reciente sentencia judicial que obliga al Puerto y a una empleada a indemnizar con 42.500 euros a un representante sindical por la presentación de dos denuncias falsas de acoso sexual en su contra.
La resolución, emitida por el Juzgado de lo Social número 5 de Santander, subraya que la APS actuó de manera reprochable al tomar medidas contra el trabajador, como su traslado a otro edificio situado a más de dos kilómetros, únicamente basándose en denuncias sin pruebas claras y sin darle la oportunidad de defenderse. Además, el juez critica que la sanción impuesta a la empleada denunciada haya sido de solo dos meses, a pesar de estar comprobado que las acusaciones eran falsas, y considera “inaceptables” los argumentos dados para justificar esa pena leve, como la supuesta ausencia de daños reputacionales o el impacto sobre el departamento por la falta de efectivos.
Desde la perspectiva del sindicato, este caso revierte gravemente la lucha feminista y por la igualdad, ya que una acusación falsa en un delito tan grave “arrastra no solo a la persona acusada sino que también perjudica a todas las mujeres, poniendo en entredicho la credibilidad de los mecanismos de protección y las verdaderas víctimas, generando un retroceso social inadmisible”. USO ha calificado de “grotesca e indisimulada” la actuación del Puerto, señalando que el director ha protegido a la trabajadora a sabiendas de la gravedad de sus acusaciones, que de ser ciertas habrían supuesto el despido del líder sindical, único opositor dentro de la Autoridad Portuaria en los últimos años.
Arancha Navarro, secretaria de Igualdad de USO en Cantabria, ha criticado duramente la gestión de la dirección del Puerto, acusándola de “faltar a la imparcialidad y a los principios básicos de respeto a los derechos” al aplicar los protocolos de igualdad y acoso sexual sin rigor ni garantías efectivas. Por este motivo, ha considerado “imprescindible” que Díaz Fraile deje su cargo como responsable máximo de esta administración pública.
Además, USO ha instado a que se adopten acciones internas para reparar el perjuicio causado a la imagen y la actividad sindical del trabajador afectado, junto con la implantación de formación obligatoria en igualdad para directivos y mandos intermedios. En palabras de la Secretaría de Igualdad del sindicato, la defensa del feminismo “pasa por actuar con responsabilidad institucional y combatir con firmeza las falsas denuncias, para no permitir que se utilicen como arma contra los protocolos de protección, la igualdad y la justicia social”.
