El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Cantabria con el desarrollo de la energía eólica “por razones económicas, medioambientales y estratégicas”. Durante la asamblea general de la Asociación Eólica de Cantabria (AEC), celebrada en Santander, destacó que la generación eléctrica con fuentes renovables “favorece la independencia energética, reduce las emisiones de gases contaminantes y mejora la competitividad de las empresas, especialmente en una comunidad donde muchas son electrointensivas y sufren el elevado coste de la electricidad, que triplica el de países como Alemania”.
Arasti aseguró que el Ejecutivo cántabro “es partidario de la energía eólica, pero solo allí donde se cumplan de forma rigurosa las normas medioambientales, de biodiversidad y de protección del patrimonio”. En este sentido, anunció que el parque de El Escudo comenzará a producir electricidad en 2026 y que, durante esta legislatura, podrían iniciarse las obras de hasta cuatro nuevos parques, “una meta razonable y asumible”, en sus palabras.
El titular de Industria explicó que el Gobierno está aplicando una política de desarrollo eólico “planificada y rigurosa”, con criterios técnicos y jurídicos claros. Como ejemplo, señaló los informes desfavorables emitidos por la Administración autonómica para proyectos como los de Corus, Piruquito o Benavieja, el primero de ellos ya con impacto ambiental negativo y permiso de conexión anulado.
Arasti recordó, no obstante, que el impulso eólico en Cantabria “no está exento de retos”, aludiendo a las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia que anulan las autorizaciones previas concedidas en la pasada legislatura a los parques de Somaloma–Las Quemadas, Alsa, Cuesta Mayor, Campo Alto y La Costana. Sobre el primero, precisó que la Consejería ya ha presentado un recurso de casación.
Con el objetivo de evitar errores administrativos y reforzar la seguridad jurídica de los proyectos, Arasti anunció la consolidación de un sistema de trabajo más coordinado entre las direcciones generales implicadas, con la Dirección General de Industria, Energía y Minas como autoridad principal. También mencionó la participación directa de los promotores “para avanzar de manera más eficaz en la tramitación”.
Actualmente, hay siete parques con autorización administrativa de construcción —cinco de competencia autonómica y dos estatales— que suman 453 megavatios de potencia. Entre ellos, el de El Escudo, cuyas obras están en marcha y que podría comenzar a generar energía en el primer trimestre de 2026, y el de Bustatur, previsto para iniciarse el próximo año. Otros seis proyectos permanecen en evaluación ambiental. El Plan de Sostenibilidad Energética fija un límite de 700 megavatios en la comunidad, lo que supondrá cubrir en torno al 53% del consumo eléctrico anual.
En la asamblea, el presidente de la Asociación Eólica de Cantabria, Agustín Valcarce, defendió un desarrollo “equilibrado y responsable” del sector, basado en proyectos “viables, con retorno económico para las zonas rurales y capacidad de dinamizar territorios en riesgo de despoblación”. Sin embargo, reconoció que en los últimos años han proliferado iniciativas “sin sentido” promovidas desde fuera de la comunidad que “solo han servido para generar rechazo social”.
Valcarce subrayó que la autonomía apenas produce el 15% de la electricidad que consume, lo que hace imprescindible avanzar en renovables. “Cantabria tiene un solo parque eólico frente a los 150 de Galicia, y es la única comunidad donde todos los proyectos están judicializados”, lamentó, al tiempo que defendió el autoconsumo y la eficiencia energética como vías complementarias en una región con limitaciones para la energía solar.
Durante el encuentro, varios promotores cántabros también expresaron su malestar por la lentitud de algunos trámites administrativos. No obstante, coincidieron en que el nuevo Gobierno autonómico ha cambiado el enfoque hacia una “apuesta real por las energías renovables”, especialmente desde la Consejería de Industria, que ha introducido un modelo de coordinación con Medio Ambiente, Patrimonio y Cultura, incorporando a los promotores a los grupos de trabajo.
Este cambio de método, resumió Arasti, “puede que no sea brillante, pero sí es eficaz”, y busca equilibrar el impulso renovable con la protección del entorno y la seguridad jurídica de las inversiones.
