La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa contará en 2026 con un presupuesto de 168,4 millones de euros, un 3,7% más que este año, con el objetivo de reforzar la red pública de emergencias y justicia, apoyar a los ayuntamientos y desplegar la Ley de Simplificación Administrativa. La consejera, Isabel Urrutia, ha definido estas cuentas como “continuistas pero ambiciosas”, asegurando que “cumplen con los compromisos asumidos con los cántabros en 2023” y buscan “una administración moderna, cercana y útil, en una Cantabria más segura”.
Desde el inicio de la legislatura, el presupuesto de Presidencia ha crecido un 19,5%, con 27,5 millones adicionales, y una ejecución que ronda el 90% anual. Urrutia destacó que 2026 será el año con “más recursos de la historia” para los servicios públicos esenciales dependientes de su departamento, especialmente Justicia y Seguridad.
En materia de simplificación administrativa, la Consejería invertirá más de 2 millones para poner en marcha el Plan de Simplificación y Administración Digital, que incluirá un programa de formación de empleados públicos (414.000 euros) y la contratación de personal especializado en sistemas informáticos. Además, el contrato SUMA de aplicaciones informáticas se ampliará hasta los 1,4 millones, mientras que la inversión en ciberseguridad alcanzará los 2 millones, la más alta registrada en la comunidad. “Queremos una administración digital y segura, al servicio de los ciudadanos y no al revés”, remarcó Urrutia.
El Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP) dispondrá de 2,4 millones para formación, un 10,4% más que al inicio de legislatura, con un 30% más de ediciones y un aumento del 29% en el número de alumnos. La Consejería también prevé la aprobación definitiva de la nueva Ley de Función Pública y la estabilización de más de 900 funcionarios, junto a una oferta de empleo público con 357 plazas por oposición libre.
El área de Justicia contará con casi 48 millones de euros, un aumento de 6,3 millones en tres ejercicios, destinados a cumplir los objetivos del Pacto por la Justicia, mejorar las condiciones del personal y modernizar las infraestructuras judiciales. Entre las inversiones previstas figuran más de 2,1 millones para concluir las reformas de eficiencia energética en Las Salesas, nuevas actuaciones en las sedes judiciales de los siete partidos judiciales y la adaptación de la plataforma VEREDA. “Por primera vez, Cantabria contará con una justicia a la vanguardia, moderna, garantista y próxima”, destacó Urrutia.
El presupuesto reserva también más de 31,5 millones al sistema de protección civil y emergencias, un 54% más que en 2023, para convertir el SEMCA en la futura Agencia de Seguridad y Emergencias de Cantabria. La dotación incluye la renovación del contrato del helicóptero (3,5 millones), la creación de 28 nuevas plazas de bomberos, la construcción del parque de Valdáliga y la mejora de los cinco existentes. Las inversiones en el SEMCA ascenderán a 5,1 millones, un 244% más, con renovación de vehículos, equipos y sistemas de comunicación. “Es la apuesta más contundente por la seguridad en la historia de Cantabria”, aseguró la consejera.
Por otro lado, el Gobierno destinará 120 millones en transferencias y fondos directos a los ayuntamientos y otros 160 millones de inversión a través del resto de consejerías. Solo Presidencia aumentará su aportación a los municipios en un 13,7%, con 24,5 millones, de los que 19 corresponderán al Fondo de Cooperación Local. Además, se mantendrán las ayudas a municipios en riesgo de despoblamiento, el contrato de mantenimiento de cajeros rurales y los convenios con el Colegio de Farmacéuticos para garantizar la dispensación de medicamentos en zonas rurales.
Urrutia resaltó que el Gobierno “no deja solos a los ayuntamientos” y subrayó que el presupuesto “refuerza el vínculo directo con quienes gestionan en primera línea los servicios públicos”. Como novedad, se incorporan ayudas para la instalación de hidrantes y la elaboración de guías de emergencia forestal, así como subvenciones nominativas a las Casas regionales y a los centros de otras autonomías asentados en Cantabria.
“El presupuesto de 2026 consolida una administración más ágil, segura y comprometida con el territorio. Una administración que apoya a los ayuntamientos, protege a los ciudadanos y garantiza servicios públicos de calidad”, concluyó la consejera.
