La Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Parlamento de Cantabria ha cerrado la lista final de comparecientes que informarán sobre el proyecto de Ley de Vivienda, una norma clave para el futuro del acceso a la vivienda en la comunidad. En total, serán 21 voces relevantes del sector las que pasarán por la Cámara: desde el director general competente hasta los constructores, portavoces de asociaciones de viviendas turísticas, representantes de colegios profesionales y empresarios, además de catedráticos y agentes inmobiliarios. Todos ellos ofrecerán su visión sobre la futura normativa, aunque algunos colectivos se han quedado fuera del proceso.
La selección de participantes ha generado polémica, ya que la lista excluye a tres entidades que el PRC considera «esenciales»: el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), el Consejo de la Juventud y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Estos grupos, muy cercanos a la realidad social de Cantabria en materia de emancipación y acceso a la vivienda, no han sido incluidos por la llamada «alianza» entre Partido Popular y Vox, que, según los regionalistas, ha impuesto sus preferencias en la composición de la comisión.
El portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha lamentado que se arranque la tramitación «con mal pie» y ha subrayado la importancia de escuchar también a quienes representan a los jóvenes, a las personas con discapacidad y a quienes sufren la presión hipotecaria. «Si no escuchamos a quienes viven día a día los problemas que esta ley pretende solucionar, estaremos ignorando una parte fundamental de la realidad social que atraviesa la comunidad», ha advertido Hernando. Añade que el PRC votó a favor de todas las comparecencias sugeridas por los demás partidos, convencido de que «todas las aportaciones deben ser escuchadas».
En la lista definitiva figuran, por ejemplo, portavoces de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico y de diversas entidades profesionales y empresariales del sector. Además, acudirán representantes de organismos como la Sareb, el Consejo Económico y Social, la CEOE y la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander. La Mesa de la comisión fijará en los próximos días el calendario de comparecencias, que por el momento no cuenta con límites ni fechas cerradas.
Pedro Hernando ha acusado a PP y Vox de querer «excluir de la participación a las organizaciones que representan a los colectivos más vulnerables», señalando una «falta de voluntad de diálogo» y el «riesgo de ocultar los efectos reales del problema». Para el regionalista, la futura Ley de Vivienda «no puede construirse a espaldas de la realidad», menos aún en una comunidad que lidera las tasas de emancipación más bajas del país y donde el precio de la vivienda dificulta el acceso a miles de familias.
Hernando insiste en que el proyecto debe tramitarse «con transparencia, participación y garantías para todos los sectores interesados», para que la norma que finalmente salga del Parlamento dé respuestas al conjunto de la sociedad cántabra y no sólo a los intereses de una parte. La tramitación de la Ley de Vivienda se inicia así en Cantabria en medio de debates y críticas, con la incógnita de si la inclusión de más voces será posible en fases posteriores del proceso legislativo.
