La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria ha acordado este martes suspender el juicio programado contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad durante el confinamiento por la pandemia de la Covid-19. La Fiscalía solicita una condena de ocho años y medio de prisión, además de libertad vigilada, orden de alejamiento y prohibición de comunicación, así como una indemnización de 10.000 euros por los daños sufridos por la joven. El proceso se ha visto interrumpido después de que la defensa presentara como prueba una serie de mensajes de Whatsapp intercambiados entre el acusado y la víctima tras los hechos denunciados, en los que se manifestaría, según la versión de la defensa, una relación “fluida y normal”, además de evidencia de apoyo económico por parte del padre.
El magistrado aceptó incluir estos mensajes como prueba a lo largo del procedimiento, advirtiendo sin embargo que podrían abrir un nuevo proceso penal por posible incumplimiento de una medida cautelar que prohíbe cualquier tipo de contacto entre el acusado y su hija. Los mensajes habrían sido enviados durante el periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2021 y el 25 de enero de 2025, tras el presunto abuso y la instauración de restricciones judiciales. Ante la importancia de estos documentos, el tribunal decidió requerir el teléfono móvil del procesado para su análisis minucioso, aplazando la vista oral hasta mediados de diciembre para garantizar el acceso a todas las evidencias y preservar el derecho a la defensa.
El escrito del ministerio público relata que los hechos denunciados ocurrieron en pleno confinamiento sanitario, periodo en el que el padre habría realizado de manera reiterada tocamientos y penetraciones con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, pese a la oposición expresa y las protestas de la menor. La denuncia fue presentada por la propia víctima en julio de 2020 y desde entonces la joven ha precisado atención psicológica y psiquiátrica para superar el estrés postraumático y el síndrome adaptativo vinculado a los hechos. Según los informes médicos aportados al caso, el impacto emocional persiste, reflejando un sentimiento de orfandad psicológica y una actitud defensiva, motivando la petición de protección integral por parte de la Fiscalía.
Este caso se suma a otros procesos recientes que ponen de relieve la complejidad y el alcance de los delitos sexuales en el ámbito familiar, especialmente agravados por las circunstancias excepcionales durante el estado de alarma. La Audiencia Provincial ha registrado en los últimos años un incremento de los procedimientos relacionados con delitos contra la libertad sexual, lo que ha intensificado el debate social sobre la protección de las víctimas y la necesidad de reforzar los recursos especializados en la comunidad autónoma. La vista se celebrará finalmente entre el 9 y el 12 de diciembre, una vez cotejadas las nuevas pruebas que pueden resultar determinantes para el desenlace judicial.
