La construcción de una piscina particular junto a un chalet en Pechón ha desatado un nuevo debate sobre los límites de la legislación urbanística en Cantabria. Todo comenzó en octubre de 2023, cuando una empresa madrileña solicitó permiso ante la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) para instalar una piscina de 4 por 8 metros en una parcela situada a menos de 50 metros de la costa y en suelo rústico calificado de especial protección, según ha informado Cantabristas en sus redes sociales. Los registros, claramente públicos, dejan constancia de la ubicación y de los condicionantes del terreno, estrictamente regulados por la Ley del Suelo y el Plan de Ordenación del Litoral.
Tras el estudio del expediente, los técnicos del organismo determinaron que la normativa impide este tipo de proyectos en zonas altamente protegidas. Sin embargo, la historia no terminó ahí: el expediente revela que, tras constatar la prohibición legal de construir una piscina particular en esas condiciones, los promotores reformularon su propuesta. Así, presentaron la piscina como una instalación deportiva, amparándose en una interpretación del artículo 49 de la Ley 5/2022 de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que admite ciertos equipamientos deportivos en suelo rústico si cumplen con requisitos de uso y adecuación.
La CROTU -según ha informado el partido Cantabristas- acabó otorgando la autorización en su comisión del 27 de mayo de 2025, a pesar de los informes desfavorables emitidos tanto por el Servicio de Urbanismo como por el área de Planificación y Ordenación Territorial. El caso se recoge en la página 97 del acta oficial y ha sido destacado por Cantabristas como ejemplo paradigmático del modelo urbanístico promovido por el Partido Popular en la comunidad. Según la agrupación, es un caso que ilustra «cómo se esquivan las normas en beneficio de intereses privados», señalando la falta de transparencia y de rigor en las decisiones que afectan al patrimonio natural y paisajístico del litoral cántabro.
La polémica ha avivado el debate sobre los usos del suelo en espacios protegidos y el papel de las administraciones en el control de proyectos que pueden alterar gravemente la costa. Mientras tanto, voces críticas piden una revisión profunda del funcionamiento de la CROTU y de las normas que rigen la compatibilidad entre intereses particulares y el interés general, para evitar precedentes que puedan poner en riesgo los valores ambientales de Cantabria.
