El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, ha negado este jueves que el Ejecutivo autonómico haya firmado o aprobado un convenio con el Hospital Santa Clotilde que suponga la privatización de servicios sanitarios, tal y como publicó elDiario.es esta semana. Pascual ha defendido que el trámite aprobado por el Consejo de Gobierno el 9 de octubre “no implica ningún pago ni cesión de competencias” y ha acusado a la oposición de “alimentar una campaña de manipulación”.
El diario digital reveló que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) había dado luz verde a una partida de 216 millones de euros para el hospital gestionado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, mediante un “convenio singular” de 15 años de duración, y sin licitación pública. El Ejecutivo no incluyó esta operación en la nota de prensa oficial sobre los acuerdos de ese Consejo de Gobierno, lo que ha alimentado la polémica y las acusaciones de falta de transparencia.
Durante su comparecencia ante los medios, Pascual explicó que la tramitación anticipada del gasto plurianual se realiza “para cumplir con la planificación presupuestaria y garantizar que la colaboración con entidades sin ánimo de lucro se haga dentro del marco legal”, y recalcó que “no supone ni ha supuesto un pago ni la cesión de gestión de servicios públicos a un tercero”. Señaló que este procedimiento es habitual cuando se prevén gastos plurianuales y que su objetivo es “ordenar y regularizar relaciones que ya existen desde hace décadas con hospitales que complementan al sistema público”.
El consejero defendió además que el Hospital Santa Clotilde ha trabajado históricamente de manera coordinada con el Servicio Cántabro de Salud, “prestando servicios que nunca han sido objeto de un convenio formal y que han sido financiados por el sistema público sin acuerdos previos”. Pascual recordó que durante las últimas legislaturas, gobiernos del PRC y PSOE “pagaron más de 84 millones de euros al hospital sin que existiera un contrato firmado, lo que generaba inseguridad jurídica”.
Preguntado por los periodistas sobre las críticas que acusan al Ejecutivo de ocultar la operación, Pascual respondió que “la comunicación oficial se limita a acuerdos ya firmados, no a trámites administrativos que aún deben completarse”. Añadió que “la transparencia no se mide por la cantidad de notas de prensa, sino por la publicidad de los actos formales y la fiscalización parlamentaria”, asegurando que “cuando se firme un eventual convenio, será sometido al control de la Cámara y de los órganos de fiscalización”.
Sobre la figura del “convenio singular”, introducida en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2024, Pascual explicó que “es una herramienta legal que permite al Servicio Cántabro de Salud colaborar con hospitales privados o religiosos cuando hay interés sanitario justificado, sin necesidad de concurso, siempre con la debida planificación y control”. El consejero insistió en que “esta figura no privatiza la sanidad, sino que dota de seguridad jurídica a acuerdos ya existentes y evita pagos sin contrato, como los que se realizaron en el pasado”.
En relación con las derivaciones de mamografías y el nuevo servicio de Radiodiagnóstico del hospital, Pascual señaló que “no se trata de externalizar el servicio en detrimento de lo público, sino de gestionar de manera eficiente la carga de trabajo acumulada”, recordando que “Santa Clotilde cuenta con equipamiento que permite realizar biopsias guiadas por mamografía 3D, algo que en el sistema público aún no estaba disponible para todos los pacientes”.
Finalmente, el consejero subrayó que “el Gobierno tiene como prioridad reforzar la atención primaria, modernizar la sanidad pública y garantizar que los recursos se empleen con eficiencia”. Y cerró su intervención insistiendo en que “no hay pelotazo ni oscuridad; hay gestión y ordenamiento de recursos. Lo que sí hubo en el pasado fueron pagos sin contrato, y eso es lo que estamos corrigiendo con todas las garantías jurídicas y de transparencia”.
PSOE, PRC, Podemos, Cantabristas e IU han exigido explicaciones inmediatas y la publicación íntegra del convenio.
El PSOE ha arremetido contra “el pelotazo sanitario” del PP en Cantabria después de conocer que el Gobierno que preside María José Sáenz de Buruaga planea destinar 216 millones al Hospital Santa Clotilde. Se trata de un acuerdo plurianual con el hospital religioso que abarca 15 años y del que no se conocen más detalles. El secretario de Salud de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Marcos Agudo, criticó que lo han hecho “por la puerta de atrás y a escondidas” y consideró que esta iniciativa constituye una evidencia de que Pascual y el Gobierno del PP buscan “desmantelar los servicios públicos y regar, con dinero de todos, entidades privadas”. Agudo recordó que este tipo de convenios son posibles gracias a una enmienda introducida por el PP en la Ley de Acompañamiento durante la tramitación del presupuesto de 2024, que permite establecer acuerdos sin concurso por hasta 20 años, más cuatro prorrogables. El dirigente socialista calificó la medida de “vergüenza” y advirtió que hipoteca a la ciudadanía con 216 millones sin saber aún el alcance del convenio ni las prestaciones que asumirá Santa Clotilde. Agregó que el dinero podría haberse destinado, por ejemplo, al Hospital Comarcal de Laredo, reforzando instalaciones, equipamiento y plantilla, y anunció que el PSOE ha solicitado el expediente completo para presentar iniciativas que esclarezcan la privatización encubierta de la sanidad pública.
Cantabristas, por su parte, calificó la política sanitaria del PP de “al estilo Ayuso” y criticó que el Gobierno busca “desmantelar el sistema público para beneficiar a la sanidad privada”. Su secretario general, Paulu Lobete, denunció que los 216 millones suponen “un trasvase de dinero público sin precedentes hacia una entidad privada” y advirtió que “el dinero que se quiere desviar a Santa Clotilde sale de los bolsillos de todas las personas que habitamos Cantabria, pero lo utilizan como si fuera suyo, para enriquecer a sus empresas amigas”. Lobete comparó la cifra con inversiones recientes en hospitales públicos y aseguró que el Gobierno de Buruaga y Pascual pretende “abandonar y deteriorar deliberadamente el sistema público” para que la ciudadanía “termine dependiendo de la sanidad privada, como ocurre en la Comunidad de Madrid”.
Izquierda Unida calificó la adjudicación como una “cacicada legal” y un “caso flagrante de privatización encubierta de la sanidad pública por parte del PP”. Su coordinador autonómico, Israel Ruiz Salmón, recordó que la modificación introducida en la Ley de Acompañamiento permitió crear los “convenios singulares de vinculación” sin concurso cuando haya razones objetivas de planificación sanitaria, y denunció que esta medida abre la puerta a “una gestión arbitraria de los recursos sanitarios, sin control democrático ni transparencia”. Ruiz Salmón alertó que “hay una planificación deliberada de debilitamiento de la red pública, a la que se le detraen recursos y personal, a la vez que se trasvasan ingentes cantidades de dinero público a entidades de gestión privada”.
Podemos Cantabria también criticó la operación y denunció que el PP “continúa el camino de la privatización progresiva de la sanidad pública”, reclamando la reversión de todos los servicios externalizados.
