El Gobierno de Cantabria dio luz verde el pasado 9 de octubre a un convenio singular valorado en 216 millones de euros con el hospital privado Santa Clotilde. Esta aprobación se realizó sin convocatoria pública ni licitación, amparada en una reciente modificación legislativa incluida en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que introdujo el artículo 90 bis en la Ley de Ordenación Sanitaria. Dicho artículo permite prescindir de la convocatoria pública cuando existan motivos objetivos relacionados con la planificación sanitaria, como razones geográficas o atendiendo a la cartera de servicios. La noticia ha sido adelantada por eldiario.es Cantabria
El acuerdo contempla la derivación de alrededor de 1.000 mamografías pendientes, de un total aproximado de 4.000, al hospital privado, una operación que, según el consejero de Salud, busca aliviar la presión del sistema público en áreas con dificultades estructurales. Sin embargo, esta decisión ha generado un duro reproche por parte de Izquierda Unida de Cantabria, que califica la operación como una “privatización encubierta” de la sanidad pública.
Fuentes de la Consejería de Sanidad han señalado a ElMiradorDigital.es que «se trata de un mero trámite» y por el momento no se espera ningún tipo de declaración por parte del consejero de Salud, Cesar Pascual.
El coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, denunció que la modificación legal que permitió el convenio singular fue impulsada por el PP y el PRC en la pasada Ley de Acompañamiento a los Presupuestos regionales. “Estamos ante una cacicada legal que se ha ejecutado sin transparencia ni advertencia pública, y que abre la puerta a una gestión arbitraria de los recursos sanitarios, sin control democrático ni garantías de transparencia”, afirmó Ruiz Salmón.
El líder de IU vinculó esta medida con problemas estructurales en el servicio público, señalando que no se han cubierto bajas, vacaciones ni jubilaciones en radiología, y consideró que existe una “planificación deliberada” para debilitar la red pública mientras se canalizan importantes fondos hacia la gestión privada. “Es difícil creer en coincidencias cuando al mismo tiempo que se aprueba este convenio millonario para 15 años, se derivan diagnósticos esenciales a la sanidad privada, debilitando el sistema público”, añadió.
IU reclama la paralización inmediata del convenio y que los 216 millones previstos se destinen directamente al fortalecimiento de la sanidad pública cántabra, que atiende a toda la ciudadanía sin generar beneficios privados. La formación advierte también sobre el riesgo de que estos convenios singulares se extiendan a otras áreas sanitarias, consolidando un modelo que prioriza la colaboración con entidades privadas frente al refuerzo del sistema público de salud.
Ruiz Salmón concluyó que “lo que está en juego no es solo el destino de mamografías, sino el modelo sanitario que queremos para Cantabria, uno que realmente garantice la atención y salve vidas”.
El PSOE de Cantabria ha denunciado que la Administración regional ha aprobado, de forma oculta y sin publicidad, un contrato plurianual por 216 millones de euros para privatizar servicios sanitarios en el Hospital Santa Clotilde. Marcos Agudo, secretario de Salud del PSOE autonómico, criticó que esta medida, impulsada mediante una enmienda incluida en la Ley de Acompañamiento al presupuesto 2024, representa una grave amenaza para la sanidad pública, hipotecando el futuro de los servicios sanitarios por 15 años sin transparencia ni detalles claros sobre las prestaciones.
El portavoz socialista alertó de que esta privatización encubierta refuerza la tendencia del Gobierno del PP a desmantelar la sanidad pública, desviando recursos hacia entidades privadas y cuestionó por qué esos fondos no se destinan a mejorar centros públicos como el Hospital Comarcal de Laredo. El PSOE ha solicitado el expediente completo del contrato y se prepara para presentar iniciativas que frenen esta operación.
