La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa de Cantabria ha dado un paso decisivo en la transformación del sistema judicial de Santander al publicar la reorganización del personal de la futura Oficina Judicial, según una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial de Cantabria. Esta reestructuración busca adaptar la organización funcionarial a las exigencias de la nueva Ley de medidas de eficiencia del servicio público de la justicia, que establece una nueva división y especialización de funciones dentro de los tribunales.
La nueva estructura contempla tres Servicios Comunes de Tramitación específicos para el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial y el Tribunal de Instancia, junto con un Servicio Común General, que prestará soporte a los tres órganos superiores, y un Servicio Común de Ejecución exclusivo para el Tribunal de Instancia. La entrada en funcionamiento de esta Oficina Judicial remodelada está prevista para el próximo 31 de diciembre, completando el proceso que ya se ha implantado desde el pasado 1 de julio en otros siete partidos judiciales del territorio cántabro, como Castro Urdiales, Santoña o Torrelavega.
La consejera de Justicia, Isabel Urrutia, ha destacado que, a pesar de la complejidad y el carácter “exigente” de la reforma nacional, Cantabria está cumpliendo con los plazos establecidos, manteniendo en todo momento la continuidad en la prestación del servicio judicial. Según Urrutia, esta transición comienza con la difícil tarea de dimensionar correctamente el número de efectivos que pasarán a prestar funciones en los nuevos servicios y áreas comunes, tras extinguirse algunos juzgados con la reorganización. En las próximas semanas se convocarán los concursos de méritos para cubrir cargos de jefaturas de áreas y equipos, primer paso en la adecuación del personal a la nueva estructura.
No obstante, la consejera ha manifestado su desacuerdo con el modo en que se ha implementado esta reforma, lamentando que el Gobierno central haya impuesto cambios “sin contar con las comunidades autónomas con competencias en justicia” y que las cargas económicas hayan recaído en su totalidad sobre las autonomías. Cantabria prevé una inversión superior a los dos millones de euros para implantar el sistema en sus ocho partidos judiciales.
A pesar de estas dificultades, Urrutia ha valorado la “buena coordinación y el trabajo conjunto” llevado a cabo con todas las instancias implicadas, incluido el Tribunal Superior de Justicia, jueces, magistrados, funcionarios y sindicatos. El Gobierno regional ha desarrollado durante estos meses un intenso trabajo de preparación para garantizar una transición ordenada, que incluye la definición de relaciones de puestos de trabajo tras negociaciones sindicales, criterios para el acoplamiento del personal, y un plan logístico que contempla desde el cambio de denominación de edificios hasta la adaptación del sistema informático procesal Vereda y la adecuación de la señalética en las instalaciones judiciales.
Este proceso refleja el esfuerzo de Cantabria por modernizar y hacer más eficiente su sistema de administración de justicia, adaptándolo a una realidad normativa y organizativa que exige mayor especialización, coordinación y calidad en la atención a los ciudadanos. La reforma abre un nuevo capítulo en la gestión judicial regional, que aspira a convertirse en un modelo de referencia en el respeto a los derechos laborales y la mejora del servicio público.
