El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander ha dejado sin efecto la medida cautelar que paralizaba el cierre del colegio El Pedregal de Castro Urdiales, decretada en julio a instancias de la alcaldesa, Susana Herrán. En una resolución fechada el 3 de septiembre el magistrado respalda la posición de la Fundación Barquín Hermoso —propietaria del edificio— y condena a la regidora socialista al pago de las costas del procedimiento, así como de los posibles daños y perjuicios derivados de la paralización.
La medida cautelar se había adoptado tras la petición de Herrán, en calidad de miembro nato del Patronato, que reclamaba suspender los acuerdos por los que la Fundación rescindió el alquiler del inmueble con la Consejería de Educación. La alcaldesa alegaba defectos de forma en la convocatoria de las reuniones de diciembre de 2024 y marzo de 2025, al no señalarse de forma clara el convocante y no respetarse el plazo mínimo de cinco días. Sin embargo, el juez concluye que estos aspectos no invalidan la sesión ni los acuerdos adoptados, ya que Herrán recibió la convocatoria, tuvo acceso a la documentación, participó en el debate e incluso votó de manera telemática.
El auto también rebate la versión de la alcaldesa, que negó haber remitido ese voto y sostuvo que lo envió su secretaria personal sin su conocimiento. El magistrado considera esa explicación “poco creíble” y recuerda que en la propia demanda Herrán reconoció haber cursado el correo. Además, aclara que la decisión última sobre el cierre del CEIP El Pedregal no corresponde a la Fundación, sino a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, responsable de determinar la continuidad de los centros públicos y de organizar la reubicación de alumnado y profesorado.
Este pronunciamiento se suma al del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que el mes pasado ya rechazó suspender de forma cautelar el cierre del colegio a petición de familias y docentes, que finalmente decidieron no recurrir. En ambos casos, los tribunales coinciden en que la vía para impugnar el cierre es la jurisdicción contencioso-administrativa, dado que se trata de una decisión adoptada por el Ejecutivo autonómico.
La resolución ha tenido un fuerte impacto político. Desde el Partido Popular de Cantabria se ha calificado el auto como “demoledor” y se ha acusado a la alcaldesa y al PSOE de “manipular” a las familias y de utilizar la educación como “arma arrojadiza”. El coordinador general del PP, Juan José Alonso, ha asegurado que la sentencia “quita la careta” a Herrán y demuestra que “Gobierno y Fundación han actuado conforme a la legalidad”. Los populares han pedido a la regidora que asuma responsabilidades y que se haga cargo personalmente de las costas judiciales y de los perjuicios económicos ocasionados.
Por su parte, Herrán mantiene que detrás de esta operación puede haber intereses urbanísticos ligados al edificio de El Pedregal, mientras el conflicto sigue generando división entre las familias, que reclaman una solución definitiva para garantizar la continuidad educativa en el municipio.
