El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en primera vuelta, el Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de régimen común, que permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda autonómica, lo que equivale a una cuarta parte del pasivo regional.
Según explicó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la medida beneficiará a todas las comunidades, tengan o no deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y permitirá un ahorro de entre 6.600 y 6.700 millones de euros en intereses, que podrán destinarse a reforzar el Estado del Bienestar —sanidad, educación o dependencia— y dar mayor autonomía financiera a los gobiernos regionales.
En el caso de Cantabria, la condonación asciende a 809 millones de euros, lo que supone reducir su deuda en un 24% respecto al cierre de 2023, una cifra por encima de la media del conjunto de las comunidades (19,3%).
Montero calificó la iniciativa de “inédita y excepcional”, destinada a corregir el sobreendeudamiento que, según dijo, se produjo durante la crisis financiera por la falta de apoyo del Gobierno de Mariano Rajoy. Subrayó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha transferido a las comunidades autónomas 300.000 millones más en siete años que el Ejecutivo anterior en el mismo periodo, y defendió que la condonación es “plenamente coherente” con la política de apoyo financiero a los territorios.
La vicepresidenta insistió en que la norma no beneficia a Cataluña ni perjudica al resto. “Queda demostrado que es falso que la condonación beneficie a Cataluña y perjudique a España”, recalcó, destacando que casi 60.000 millones de los 83.252 millones condonados corresponden a comunidades gobernadas por el PP.
La réplica de Cantabria
Desde Santander, la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, rechazó con firmeza la decisión, calificándola de “maniobra trilera” y de “negocio ruinoso para Cantabria”. Según sus cálculos, la operación supondrá que cada cántabro asuma 523 euros más de deuda vinculada al proceso independentista en Cataluña.
“Defendemos una Cantabria con autonomía en una España de iguales, unida, fuerte y solidaria. Ningún territorio es más que otro y ningún español es más que otro”, afirmó Buruaga, que acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “sumar una cesión más al independentismo”.
La presidenta popular denunció que la condonación “no es la solución”, no resuelve los problemas de financiación y supone un “trato discriminatorio” para Cantabria. Frente a ello, reclamó una reestructuración de la deuda y una reforma del sistema de financiación autonómica que garantice la igualdad de todos los territorios.
