Los comités locales del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) en Castañeda y Piélagos han levantado la voz contra la opacidad que, a su juicio, rodea el proyecto de instalación de una planta de tratamiento de amianto en el vertedero de Carceña. Acusan tanto al Gobierno de Cantabria como a los consistorios de ambos municipios, gobernados por el PP, de manejar el asunto con una total falta de transparencia y de espaldas a la ciudadanía.
Desde las agrupaciones regionalistas se tilda la proyectada instalación de «altamente contaminante» y con un «impacto ambiental enorme», un proyecto que, advierten, se está tramitando generando «alarma y desconfianza» entre los vecinos. Ante esta situación, han exigido el acceso inmediato a toda la documentación relativa a la planta. Mientras que el Ayuntamiento de Piélagos alega desconocer los detalles del proyecto, el de Castañeda se estaría negando a facilitar la información requerida, lo que para el PRC confirma que el proyecto «pone en cuestión la seguridad y la salud de los ciudadanos».
En Piélagos, la portavoz regionalista Susana Iglesias ha cargado contra la actitud del alcalde, Carlos Caramés (PP), a quien acusa de ofrecer «explicaciones escasas y confusas». «Lo que no pueden recibir los vecinos son evasivas de un alcalde que reconoció en el último pleno no tener información», sentenció Iglesias, quien destacó que se trata de un residuo tóxico que transitará por el municipio. «Si es cierto que lo desconoce, el señor Caramés demostraría una vez más su dejadez y estaría actuando de forma negligente ante una instalación con previsibles graves impactos», añadió.
Por su parte, en Castañeda, la secretaria general del PRC, Luz Gutiérrez, reprochó al regidor popular, Marcos García, que «anteponga la disciplina de partido a la defensa de sus vecinos». «Su obligación es velar por Castañeda, no obedecer consignas que le llegan desde Santander a espaldas de los habitantes», lamentó Gutiérrez, criticando que se niegue incluso la documentación a la oposición.
El PRC también ha cuestionado la postura del consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, tachándola de falta de coherencia y claridad. Señalan que inicialmente evitó pronunciarse, arguyendo que era un proyecto privado, para después desvelar que es una propuesta del propio Ejecutivo regional a la empresa gestora del vertedero.
Las dirigentes regionalistas alertan de que «todo apunta a una aprobación exprés» de la iniciativa, lo que evidenciaría «unas maneras nada aconsejables» para un tema que afecta a la salud pública y a una política ambiental que, a su juicio, el Gobierno regional realiza «a parches y sin una estrategia planificada». Coinciden en exigir «transparencia total y un análisis en profundidad» de las consecuencias medioambientales para garantizar la seguridad. «Es una irresponsabilidad que el Gobierno no informe, que los ayuntamientos oculten información y que no se haga un estudio detallado de un proyecto que puede condicionar el futuro de estos municipios», afirmaron.
