La Federación DEAN (Defensa Animal Cantabria) ha presentado un exhaustivo documento de alegaciones contra el Proyecto de Decreto del Plan de Gestión del Lobo en Cantabria, que califica como «un grave retroceso en la conservación de la especie y una burla a la legislación ambiental europea». La organización ecologista advierte que el texto, actualmente en periodo de información pública, institucionaliza la persecución del lobo bajo una falsa apariencia de gestión técnica, estableciendo cupos de exterminio que podrían diezmar la ya frágil población cantábrica.
Según los datos aportados por DEAN, el Gobierno de Cantabria ha fijado para este año un cupo letal de 41 ejemplares, de los cuales ya se han abatido 21. «Estamos ante una política de exterminio encubierto que no tiene respaldo científico», denuncia Victoria Cedrún, presidenta de la federación. La organización sostiene que las estimaciones oficiales, que calculan entre 184 y 207 lobos en la región, inflan artificialmente las cifras reales, que estudios independientes sitúan en torno al centenar de ejemplares. «Un cupo del 20% sobre datos falseados supone en la práctica eliminar casi la mitad de la población real», alerta Cedrún.
El análisis jurídico realizado por DEAN revela múltiples irregularidades en el plan autonómico. Entre las más graves destacan la ausencia de la obligatoria Evaluación Ambiental Estratégica, el incumplimiento de la Directiva Hábitats al no priorizar medidas no letales, y la creación de un sistema de zonificación arbitrario que convierte amplias áreas en «sumideros legales» para lobos jóvenes. La federación también denuncia que la Mesa del Lobo carece de independencia científica y excluye sistemáticamente a las organizaciones conservacionistas, convirtiéndose en «un órgano al servicio exclusivo de los intereses ganaderos».
Los datos oficiales aportados por la propia administración cantabra desmontan, según DEAN, el supuesto conflicto entre lobos y ganadería. Las estadísticas revelan que los ataques a ganado apenas representan el 0,5% de la mortalidad bovina, frente a un 5% provocado por enfermedades o accidentes. «Se está utilizando una narrativa alarmista para justificar lo injustificable», afirma Cedrún, quien señala que el 80% de los daños ocurren en explotaciones que no implementan medidas preventivas básicas como mastines, vallados adecuados o vigilancia nocturna.
Ante esta situación, la Federación DEAN plantea una batería de propuestas alternativas para una gestión ética y científica del lobo. Entre las medidas clave destacan la implantación de una moratoria inmediata a los cupos letales, la obligatoriedad de medidas preventivas como requisito para recibir indemnizaciones, la creación de un Comité Científico independiente que supervise los censos, y el desarrollo de un plan quinquenal específico contra el uso de venenos y la caza furtiva.
«Este decreto supone un salto atrás de décadas en la conservación de la biodiversidad», lamenta la portavoz de DEAN, recordando que entre 2021 y 2025 el lobo estuvo protegido en toda España bajo el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). La organización hace un llamamiento a la ciudadanía para que presente alegaciones antes del 15 de julio y evite lo que califican como «la mayor regresión ambiental de los últimos años en Cantabria».
En sus conclusiones, DEAN insiste en que la coexistencia entre lobos y ganadería extensiva es posible mediante la implementación de buenas prácticas ganaderas, el apoyo económico a los pastores que aplican medidas preventivas y la persecución efectiva de la caza ilegal. «El lobo es un regulador esencial de nuestros ecosistemas. Su gestión debe basarse en la ciencia, no en prejuicios medievales», sentencia Cedrún, advirtiendo que de aprobarse en sus términos actuales, el plan podría llevar a la población cantábrica al borde de la extinción en pocos años.
