El proyecto para habilitar en Castañeda el primer vertedero de amianto de Cantabria ha abierto un nuevo frente político entre el Ejecutivo autonómico y el PSOE. Desde el Gobierno regional, el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, ha reprochado a los socialistas que estén intentando “meter miedo” a los vecinos de la zona, mientras que la portavoz del PSOE, Ainoa Quiñones, advierte de la “máxima preocupación” que genera una instalación para almacenar un material catalogado como peligroso y cancerígeno.
La actuación, que se desarrolla en el monte Carceña, en el mismo emplazamiento donde la empresa Iacan gestiona actualmente un vertedero para residuos no peligrosos, contempla la construcción de un vaso específico para el depósito de elementos con amianto. Según Media, esta infraestructura permitirá que los desechos derivados de la retirada o demolición de edificaciones en la región puedan tratarse sin necesidad de ser enviados a otras comunidades, lo que, además de reducir costes, facilitará cumplir con la normativa estatal que obliga a disponer de instalaciones adecuadas para este tipo de residuos.
El consejero insiste en que se trata de un procedimiento “sin tramitaciones complejas” y recuerda que la solicitud de autorización ambiental modificada se presentará este mismo mes de agosto, con un plazo de resolución de apenas un mes. “Si fuera tan peligroso como dicen, no tendría este nivel de tramitación”, ha subrayado, defendiendo que la seguridad está garantizada y que la gestión recaerá en una empresa con experiencia.
En cambio, Quiñones reclama que se detallen públicamente las características del proyecto, sus plazos, los protocolos de seguridad y las posibles afecciones para los municipios próximos. A su juicio, el Gobierno y los ayuntamientos afectados —todos gobernados por el PP— deberían convocar asambleas abiertas para trasladar a los vecinos “toda la información disponible” y despejar dudas. “Cuando un proyecto se lleva con transparencia y se muestran los informes técnicos, la preocupación baja. Pero aquí no se está haciendo y eso genera alarma”, ha advertido.
El PSOE también pone sobre la mesa la proximidad del vertedero a núcleos habitados e industrias. Quiñones recuerda que, aunque se ubica en Castañeda, está a menos de dos kilómetros de Renedo, capital de Piélagos, y muy cerca de La Penilla, en Santa María de Cayón, donde se encuentran instalaciones de empresas como Nestlé. En este contexto, exige que se evalúe si la localización elegida es la más adecuada.
Desde la oposición se señala además que España es uno de los países europeos con mayor número de muertes vinculadas al amianto, un material prohibido pero presente en numerosas edificaciones e infraestructuras construidas antes de su veto. Según los socialistas, el Ejecutivo central, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, aprobó en su día una ley que obliga a las autonomías a inventariar el amianto y gestionarlo en instalaciones seguras, pero eso no exime de la obligación de informar y escuchar a los vecinos antes de acometer proyectos de este tipo.
En respuesta, Media sostiene que la creación del vertedero responde precisamente a esa obligación legal y que “nadie antes se había preocupado de dotar a Cantabria de este recurso”. Reitera que el proyecto es 100% privado y no implica inversión pública, aunque sí cuenta con el impulso del Gobierno regional, que pidió expresamente a Iacan que la ampliación del vertedero incluyera un espacio para residuos con amianto.
La tensión política en torno a este asunto promete continuar, ya que el PSOE ha anunciado que, cuando se reanude el periodo de sesiones en septiembre, registrará iniciativas en el Parlamento para exigir acceso a los expedientes y poder emitir una valoración fundada sobre la idoneidad de la ubicación y la seguridad del vertedero. Mientras tanto, en la zona crece la expectación por conocer con detalle cómo será la instalación y qué medidas de protección se adoptarán para minimizar cualquier riesgo.
