Un grupo de 46 familias del CEIP El Pedregal de Castro Urdiales ha presentado este martes solicitudes de matrícula para el curso 2025-2026 en la Consejería de Educación, en un nuevo intento por frenar el cierre del centro. Lo hacen en periodo extraordinario, después de que un juzgado paralizara cautelarmente los acuerdos de la Fundación Barquín para rescindir el alquiler del edificio.
Irene Traba, portavoz del AMPA, denunció que muchas de estas familias ya inscribieron a sus hijos en otros colegios «bajo presión» de la administración. «Nos obligaron, pero seguimos luchando. Aquí están las 46 matrículas que demuestran que El Pedregal tiene demanda», declaró. El centro, amenazado de clausura desde marzo, cuenta actualmente con 72 alumnos afectados.
Un pulso legal y político
El AMPA insiste en que el Gobierno regional (PP) —cuyos representantes ocupan cinco de los ocho puestos en el patronato de la Fundación Barquín— podría revertir la decisión. «El consejero Sergio Silva alega que no puede hacer nada, pero es falso: un juzgado ya ha ordenado mantener el arrendamiento», afirmó Traba.
Además, recuerdan que el cierre carece de respaldo legal tras la denuncia de la alcaldesa (PSOE) por «irregularidades» en los acuerdos de la Fundación, y subrayan las 11.300 firmas entregadas en el Parlamento contra el cierre. «Silva tiene la obligación de acatar la justicia, no de presionarnos con represalias», añadió.
Advertencias sindicales
Miembros del STEC, que acompañaron a las familias, advirtieron de que el conflicto podría extenderse al próximo curso con nuevas movilizaciones si la Consejería insiste en el cierre. «No descartamos huelgas ni sumar esta lucha a la bajada de ratios», señalaron. También exigieron revisar el concierto educativo con un centro privado vinculado a la Fundación Barquín, que —según denuncian— tendría «intereses inmobiliarios» en el cierre.
Mientras, el AMPA confía en completar las plazas en septiembre: «Estas 46 solicitudes son solo el principio. El Pedregal no se rinde».
