El consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Sergio Silva, ha salido al paso de la polémica surgida en torno al cierre del CEIP El Pedregal en Castro Urdiales, reclamando «honestidad» y «sensatez» para no trasladar a las familias una imagen distorsionada de la situación escolar en el municipio. Silva ha insistido en que la reorganización de la escolarización ya está planificada y que se trata de un proceso complejo, «que no se resuelve con un botón ni de la noche a la mañana».
El responsable autonómico ha respondido así tras conocerse que un juzgado de primera instancia ha suspendido de forma cautelar los acuerdos adoptados por la Fundación Barquín Hermoso, propietaria del inmueble que ocupa el colegio, para no renovar el contrato de alquiler con la Consejería. Silva ha recalcado que esta resolución judicial es provisional y que los alumnos afectados iniciarán el curso en otros centros públicos de Castro Urdiales, donde —según ha afirmado— «hay plazas más que suficientes».
En declaraciones a los medios, el consejero ha explicado que la situación ha cambiado significativamente desde 2004, cuando no existían plazas suficientes en los colegios públicos del municipio, lo que motivó el alquiler del edificio de El Pedregal. Ahora, sin embargo, Castro Urdiales presenta un «claro superávit» de vacantes escolares, lo que ha llevado a planificar una redistribución de alumnos y a priorizar el uso racional de los recursos públicos.
Silva ha criticado además que se pretenda convertir este asunto en un debate político o ideológico, y ha lamentado el tono adoptado por la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán (PSOE), quien ha solicitado su cese. En este sentido, ha calificado de «llamativo» que la regidora exija responsabilidades mientras «calla ante otros escándalos que afectan a su propio partido», en referencia indirecta a un caso judicial que afecta a un dirigente socialista a nivel nacional.
El consejero ha insistido en que la reorganización escolar es una decisión basada en criterios técnicos y de eficiencia, como se aplica en otros municipios de la región, y ha instado a no alimentar una controversia «que solo crea incertidumbre entre las familias» y desvía la atención de lo verdaderamente importante: garantizar la escolarización en condiciones adecuadas para todo el alumnado.
