La Unión General de Trabajadores (UGT) ha expresado su rechazo frontal a la oferta de empleo público (OEP) de 2025 presentada por el Gobierno de Cantabria, denunciando que el proceso carece de planificación, transparencia y voluntad real de mejora del servicio público. El sindicato sostiene que la Administración general está “colapsada”, que no se ha redefinido la política de personal ni se ha realizado un estudio de plantillas, y que el departamento de Función Pública sigue “infradotado”, pese a las reiteradas advertencias de la organización.
Durante la segunda reunión sobre la OEP, UGT ha criticado que la Administración haya comunicado que no se ofertarán plazas para la toma de posesión de quienes superaron las oposiciones de 2023 y 2024 en el ámbito del personal funcionario hasta que no se resuelva un macroconcurso de méritos de casi 1.000 plazas, cuya convocatoria apenas acaba de arrancar. Esta decisión —lamentan— retrasa la incorporación de decenas de personas que, tras un gran esfuerzo, siguen sin plaza asignada, sin fechas claras ni compromisos firmes.
Además, el sindicato ha denunciado que cerca del 10% de las plazas ofertadas en las oposiciones de los últimos dos años han quedado desiertas, reflejo de un modelo que “no es ni ágil ni atractivo”. Estas vacantes se sumarán ahora a la oferta de 2025, que se convocará sin fase de concurso, lo que, según UGT, agrava la falta de coherencia y equidad en los procesos selectivos. Tampoco se han negociado unas bases generales que garanticen derechos como la exención de tasas a familias monoparentales, y se ha descartado solicitar la tasa adicional necesaria para permitir la jubilación parcial anticipada del personal laboral.
Desde UGT advierten que el Gobierno parece mostrar interés únicamente en acelerar las plazas de bomberos para el servicio de emergencias —incluidas aún en la oferta de 2023/24—, mientras ignora otras necesidades urgentes del conjunto de los servicios públicos. También exigen la publicación inmediata de nuevas bolsas de empleo con personal esencial, ya que, recuerdan, “el ciudadano no tiene por qué esperar y las personas que han aprobado procesos selectivos tienen derecho a trabajar”. En resumen, el sindicato no apoyará una oferta “llena de incertidumbres, sin cronograma ni rumbo claro”, que, a su juicio, evidencia la preocupante deriva de los recursos humanos en la administración autonómica.
