El Gobierno de España ha iniciado el proceso para la recuperación ambiental de los terrenos ocupados por la antigua fábrica de SIMSA, en Pontejos (Marina de Cudeyo), con la licitación del contrato para la redacción del proyecto de demolición de las instalaciones y restauración del dominio público marítimo-terrestre.
Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, durante una visita a la zona acompañada del alcalde del municipio, Pedro Pérez Ferradas, y el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio.
Gómez de Diego ha señalado que este es “un paso firme y tangible” hacia la recuperación de un entorno muy degradado que lleva años en situación de abandono. “Volverá a integrarse en el paisaje natural del municipio y del litoral cántabro”, ha asegurado.
La actuación, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se desarrollará en dos fases y afectará a una superficie total de 20 hectáreas, con 85.000 metros cuadrados ocupados por construcciones industriales en estado ruinoso.
Según la delegada, la licitación responde a la solicitud de ejecución subsidiaria tramitada por esta Delegación a petición del Ayuntamiento, y supone la conversión de un compromiso institucional en acción concreta.
Por su parte, el alcalde Pedro Pérez Ferradas ha agradecido la implicación del Ministerio y de la delegada. “Este era uno de los principales problemas de nuestro municipio: una zona en condiciones lamentables, que llevaba demasiado tiempo abandonada y proyectaba una imagen negativa en uno de los accesos principales a Marina de Cudeyo”, ha señalado.
En cuanto al futuro del espacio, el regidor ha apostado por una recuperación basada en criterios ambientales. “Mi objetivo no son grandes infraestructuras, sino un entorno natural digno donde la gente pueda pasear, hacer deporte y disfrutar del paisaje”, ha afirmado.
Fases del proyecto
La primera fase ya se ha puesto en marcha con la licitación del contrato para redactar el proyecto de demolición, que incluirá la retirada de residuos, el análisis de suelos y aguas para detectar posibles contaminaciones, y estudios técnicos como trabajos topográficos, de geotecnia y planes de muestreo.
Esta fase tiene un presupuesto base de 44.038 euros y un plazo de ejecución de seis meses.
Los terrenos, situados en la margen derecha de la ría de Tijero, estaban bajo concesión desde 1909. En 2018 se declaró la caducidad de la concesión, lo que fue recurrido sin éxito por la empresa Sociedad Ibérica de Molturación S.A. (SIMSA). La Audiencia Nacional desestimó el recurso en 2022 y la sentencia quedó firme tras la inadmisión del recurso de casación por el Supremo en 2023.
Ante la inacción de la empresa, que no presentó el proyecto ni la fianza de casi 900.000 euros requerida, el Ayuntamiento solicitó la intervención del Gobierno, que ahora comienza a ejecutarse.
Una vez completada la primera fase, se redactará y ejecutará un proyecto integral de recuperación ambiental adaptado al grado de contaminación detectado. El objetivo final es devolver este espacio a su estado legal y ecológico adecuado, plenamente integrado en el entorno natural del litoral cántabro.
