Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Civil, han desarticulado un grupo criminal altamente especializado en robos a entidades bancarias, al que se le atribuyen al menos 13 asaltos cometidos en distintas provincias del país, entre ellas Cantabria, Navarra, Castellón, Córdoba y Burgos. La organización, compuesta por individuos con un alto nivel de preparación técnica, habría sustraído más de 400.000 euros en total.
La operación culminó con la detención de nueve personas —seis en Alicante y tres en Madrid— y con registros simultáneos en once domicilios y siete garajes, donde se intervinieron más de 100.000 euros en efectivo, tres armas de fuego, inhibidores de frecuencia, localizadores GPS, herramientas especializadas para forzar cajas fuertes y cinco vehículos de alta gama sustraídos.
La investigación comenzó en noviembre de 2024 tras dos robos especialmente graves en sucursales bancarias de Cabanillas y Barásoain (Navarra), donde los autores lograron acceder a la caja fuerte y hacerse con unos 124.000 euros. Desde entonces, los investigadores detectaron un patrón común en la operativa del grupo, que seleccionaba bancos ubicados en municipios pequeños con vías de escape rápidas y empleaban sofisticados métodos para evitar ser detectados.
Entre las técnicas utilizadas destacaba la colocación previa de cámaras portátiles con conexión 4G en las inmediaciones de las sucursales para monitorizar los movimientos policiales. Una vez asegurada la zona, los asaltantes inutilizaban las alarmas físicas, cambiaban el bombín de la puerta principal y se ocultaban hasta que la presencia de seguridad confirmaba la falsa alarma. Después, entraban con una nueva llave, inutilizaban cualquier conexión inalámbrica y destruían los sistemas de grabación.
Dentro de las entidades, empleaban herramientas como pinzas hidráulicas o radiales para acceder al dinero, y antes de abandonar el lugar rociaban las instalaciones con productos de limpieza o extintores para borrar cualquier rastro biológico.
Los miembros del grupo contaban con un reparto de funciones muy definido: desde expertos en cerrajería y conducción evasiva, hasta responsables de conseguir vehículos robados —que escondían en garajes privados o naves rurales— y de preparar el material técnico. Tras cada golpe, solían refugiarse temporalmente en viviendas alquiladas cercanas al lugar del robo para repartir el botín y evitar levantar sospechas.
La operación ha estado dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Tudela (Navarra), y supone un golpe significativo a una red criminal itinerante que había generado una importante alarma social en varias regiones del país.
