El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de diez años de inhabilitación al magistrado Luis Acayro Sánchez por un delito de prevaricación judicial, al entender que dictó una resolución “injusta” con pleno conocimiento de su ilegalidad. La sentencia, adoptada por mayoría, rechaza la existencia de error de prohibición, argumento clave de la defensa, y confirma que el juez actuó con dolo al solicitar al Ayuntamiento de Castañeda información contractual sin que tuviera relación con el objeto del proceso.
Los hechos se remontan a finales de 2018, cuando Acayro Sánchez, entonces titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander, requirió al consistorio la documentación relativa a diversos contratos menores firmados con el abogado José María Real. Esta petición, según el Supremo, fue completamente ajena al procedimiento en curso y motivada por un especial interés personal del juez en conocer las condiciones de dicha contratación.
Aunque inicialmente el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) le impuso cinco años de inhabilitación, teniendo en cuenta la posible existencia de un error de prohibición, el Supremo ha descartado esta atenuante. A juicio de la Sala, no puede admitirse que el magistrado creyera actuar conforme a derecho, pues los contratos no formaban parte del objeto del proceso judicial y el expediente administrativo estaba completo. La resolución ahora firme también impone al magistrado una multa de 12 meses a razón de 10 euros diarios y la pérdida definitiva de su cargo como juez.
El fallo ha salido adelante con los votos favorables de los magistrados Vicente Magro, Ana Ferrer y Andrés Martínez Arrieta, mientras que Antonio del Moral y Leopoldo Puente han formulado votos particulares en los que se mostraban partidarios de absolver al juez. Ambos consideran que no se puede condenar por prevaricación si se parte, como hizo el TSJC, de que el acusado actuó creyendo cumplir su función jurisdiccional.
La defensa de Acayro ya ha anunciado su intención de recurrir la decisión ante el Tribunal Constitucional. El magistrado permanece suspendido cautelarmente desde junio de 2022, cuando se dictó la apertura de juicio oral.
Luis Acayro Sánchez alcanzó notoriedad en Cantabria por su participación en numerosos procesos vinculados a la corrupción urbanística, especialmente en Castro Urdiales. No es la primera vez que se enfrenta a un proceso penal: en el pasado fue condenado por revelación de secretos, aunque posteriormente fue absuelto por el propio Supremo.
En esta ocasión, la Sala concluye de forma tajante que el magistrado se extralimitó deliberadamente en sus funciones y dictó una resolución sin justificación legal, lo que constituye un claro caso de prevaricación dolosa, incompatible con la existencia de error de prohibición. Según el tribunal, “se aprovechó del proceso contencioso para investigar una cuestión totalmente ajena, lo que evidencia una actuación arbitraria y conscientemente injusta”.
