El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha acusado al Gobierno autonómico de romper el acuerdo alcanzado en el marco del pacto presupuestario para impulsar una reforma consensuada de la Ley de Patrimonio Cultural. Los regionalistas han advertido que, ante este “nuevo incumplimiento”, están dispuestos a registrar en septiembre su propia proposición de ley si el Ejecutivo no somete su borrador a información pública antes del día 15 de ese mes.
Así lo han anunciado este martes la candidata del PRC a la Presidencia en 2027, Paula Fernández Viaña, y el vicesecretario de Acción Territorial y portavoz en materia cultural, Javier López Marcano, durante una comparecencia ante los medios en la que han detallado los 10 ejes que han remitido al trámite de consulta pública abierto por el Gobierno regional y que concluyó el pasado viernes.
Fernández Viaña ha lamentado que el Ejecutivo haya iniciado el proceso de reforma “de espaldas al pacto presupuestario firmado en octubre” entre el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, y la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga. “No vamos a permitir que se ignore un acuerdo firmado ni que se redacte una ley clave sin contar con quienes protegen, investigan y promueven nuestra cultura”, ha advertido.
Pese a ello, ha subrayado que el PRC ha optado por “anteponer lo esencial”, que es alcanzar una buena ley, moderna y participativa, motivo por el cual han decidido presentar sus aportaciones a través del procedimiento abierto, sin renunciar a impulsar su propio texto legislativo si no se avanza en el diálogo.
Reforma integral y moderna
Por su parte, López Marcano ha desgranado las propuestas regionalistas, que conforman una reforma “ambiciosa, integral y adaptada a los desafíos del siglo XXI”. La propuesta parte del cumplimiento del artículo 30 del Estatuto de Autonomía, que atribuye a la comunidad la competencia exclusiva en patrimonio cultural, y aspira a una ley que abarque desde las manifestaciones más antiguas hasta las nuevas expresiones culturales del mundo digital.
Entre los ejes planteados, el PRC propone un marco normativo claro y ágil que reduzca trámites innecesarios, establezca diferentes grados de protección para los Bienes de Interés Cultural (BIC) y agilice su declaración, garantizando siempre la protección preventiva.
También plantean una revisión y actualización de las categorías de bienes catalogados, un refuerzo a la protección del patrimonio inmaterial, y una regulación que permita actuar con rapidez ante situaciones de emergencia o deterioro.
Otra de las prioridades es garantizar la participación ciudadana, con expedientes públicos y espacios de consulta previos a decisiones relevantes, así como la colaboración activa de asociaciones, profesionales y colectivos vinculados al patrimonio.
Investigación, sostenibilidad y formación
El documento del PRC aboga por fomentar la investigación y la divulgación del patrimonio, promoviendo su estudio sistemático y su valor histórico, artístico y social. También defiende la conservación preventiva y una gestión sostenible que priorice el mantenimiento regular frente a grandes intervenciones puntuales, con criterios ambientales y económicos que eviten la degradación por abandono o desidia, tanto pública como privada.
Asimismo, plantean dotar a la administración de los medios necesarios, con más técnicos, restauradores e inspectores, y formación actualizada para los profesionales encargados de velar por el patrimonio.
Coordinación municipal y digitalización
Los regionalistas apuestan por fortalecer la cooperación con los ayuntamientos, mediante asesoramiento, financiación compartida y convenios que faciliten la actuación local sobre el patrimonio. En materia educativa, proponen incluir contenidos sobre patrimonio cultural en los programas de enseñanza formal y no formal, para sensibilizar a las nuevas generaciones sobre su valor.
También consideran clave avanzar en la digitalización, impulsando la creación del Archivo General de Cantabria y otros fondos especializados, como el archivo de imágenes y el sonoro, esenciales para conservar y difundir el patrimonio inmaterial. Todo ello acompañado de la digitalización y acceso abierto a la documentación patrimonial.
Turismo responsable y evaluación continua
El PRC propone, además, aprovechar el patrimonio como motor de un turismo cultural sostenible, con planes que eviten la masificación y respeten los valores de los bienes, beneficiando al entorno social que los acoge. Finalmente, reclaman mecanismos de seguimiento y evaluación de la futura ley, con indicadores que permitan medir su eficacia y adaptarla a nuevas necesidades.
“Cantabria necesita una ley que esté a la altura de su historia y de su riqueza cultural. Nosotros queremos ser parte activa de ese cambio”, ha concluido Fernández Viaña.
