El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha admitido públicamente que no existe ningún informe oficial elaborado por la Universidad de Cantabria que respalde el ambicioso proyecto del Campus Tecnológico de Centros de Datos ‘Altamira’. La revelación se ha producido durante una comparecencia ante los medios en el marco de un encuentro sobre Inteligencia Artificial en la UIMP, tras días de presión política y dudas crecientes en torno a la transparencia y viabilidad del proyecto.
Arasti, que había anunciado la existencia de un supuesto estudio universitario sobre las fortalezas del centro de datos, se ha visto obligado a reconocer que no hay ningún documento técnico que lo respalde. “No hay un informe”, admitió el consejero, matizando que la Universidad “se ha puesto la misma camiseta” del proyecto como gesto de apoyo institucional, pero sin que haya mediado encargo formal ni trabajo técnico específico.
La inexistencia de este informe siembra dudas sobre el rigor con el que se está gestionando una de las mayores inversiones previstas en Cantabria, valorada en más de 3.600 millones de euros. El proyecto, que se prevé desarrollar en terrenos entre Piélagos y Villaescusa, ha sido declarado estratégico por el Gobierno regional, lo que acorta sus plazos administrativos, pero también aumenta la exigencia de transparencia y control público.
Las reticencias crecen especialmente en torno a aspectos clave como la conexión eléctrica —pendiente de aprobación estatal— y el impacto ambiental. Aunque desde el Ejecutivo y la empresa promotora se insiste en que el centro tendrá una “eficiencia energética imbatible” y no necesitará agua para refrigeración, la ausencia de documentación técnica verificable ha alimentado la desconfianza en algunos sectores políticos, sociales y académicos.
La revelación también pone en cuestión el modo en que se están implicando instituciones como la Universidad de Cantabria, cuyo respaldo se está utilizando como aval sin que exista, de momento, un análisis formal. Arasti ha defendido que el proyecto “trasciende a Cantabria” y ha instado a la ciudadanía a confiar, pero no ha aclarado si el Ejecutivo piensa encargar ahora un informe que aporte fundamentos técnicos a sus afirmaciones.
Mientras tanto, el proyecto sigue dependiendo de decisiones clave del Ministerio para la Transición Ecológica, que deberá incluir su conexión eléctrica en la planificación estatal 2026-2030. Sin informes ni certezas, el ‘Altamira’ avanza entre promesas millonarias, dudas técnicas y falta de documentación.
