El Parlamento de Cantabria ha acordado este lunes por la tarde instar al Gobierno regional a ampliar, de forma progresiva, la oferta de plazas públicas en el Bachillerato de Artes de cara a los cursos 2025-2026 y 2026-2027. La medida, que llega a través de una proposición no de ley (PNL) impulsada por el PRC y que ha sido finalmente aprobada con una enmienda transaccional pactada con el Partido Popular y Vox, tiene como objetivo garantizar que la oferta pública cubra en su totalidad la creciente demanda de este tipo de enseñanzas artísticas en la región.
Actualmente, el Bachillerato de Artes se ofrece en cinco centros públicos de Cantabria: el IES Santa Clara de Santander, el IES Torres Quevedo de Torrelavega, el IES Gutiérrez Aragón en Viérnoles, el IES Ataúlfo Argenta de Castro Urdiales y el IES Bernardino Escalante de Laredo. Entre todos, abarcan tres grandes comarcas del territorio autonómico, pero según ha advertido la diputada regionalista Teresa Noceda, la capacidad actual no resulta suficiente.
Durante su intervención, Noceda ha subrayado el notable interés que las disciplinas artísticas están despertando entre la juventud cántabra en los últimos años. Desde la música, el teatro y la danza, hasta las artes plásticas, visuales y digitales, «las artes se integran cada vez más con la tecnología y abren puertas a nuevas profesiones con gran proyección», ha señalado. Sin embargo, la oferta pública disponible «no responde a las necesidades reales de la sociedad», y la falta de plazas está «limitando el desarrollo del talento artístico».
«La política educativa actual está dejando sin alternativas a jóvenes con vocación, provocando desigualdades y forzando a muchos a abandonar la comunidad para continuar sus estudios artísticos, con el coste emocional y económico que eso conlleva», ha lamentado la parlamentaria.
En nombre del PP, el diputado Álvaro Aguirre ha reconocido que su grupo está a favor de seguir ampliando la oferta en esta modalidad educativa, aunque ha matizado que la situación actual ya cubre entre el 97% y el 98% de las solicitudes en primera opción. Según sus datos, de las 210 plazas ofertadas actualmente se han formalizado 180 matrículas. Con todo, los populares han respaldado la iniciativa tras la introducción de matices en la enmienda transaccional.
Por parte de Vox, el parlamentario Armando Blanco ha sido más prudente y ha pedido conocer con exactitud el volumen real de la demanda antes de proceder a ampliar la oferta. “Debemos ser rigurosos en la gestión de los recursos públicos y evitar duplicidades o inversiones innecesarias”, ha advertido.
En cambio, el PSOE ha apoyado sin matices la propuesta regionalista. El diputado socialista Jorge Gutiérrez ha calificado la situación de las plazas públicas de Bachillerato de Artes como “alarmante”, al tiempo que ha reclamado al consejero de Educación, Sergio Silva, que escuche a las familias y a los estudiantes. Gutiérrez ha recordado que el año pasado el propio Silva se comprometió en sede parlamentaria a ampliar las plazas y, sin embargo, “no se ha hecho nada hasta la fecha”. Una crítica que también ha lanzado la regionalista Noceda.
La cuestión docente, sobre la mesa
En el marco del mismo pleno, el consejero de Educación, Sergio Silva, ha respondido a preguntas del PSOE sobre la negociación de la adecuación salarial del profesorado en la región. Silva ha asegurado que su departamento trabaja para alcanzar un acuerdo con la Junta de Personal Docente, aunque ha insistido en la necesidad de compatibilizar los intereses del profesorado con la sostenibilidad del sistema educativo.
Según ha explicado, la Consejería ha presentado recientemente una cuarta propuesta de adecuación, con una dotación de 30 millones de euros “procedentes de todos los cántabros”, con la que se pretende situar a los docentes cántabros como los segundos mejores retribuidos del país. “Es una gran oportunidad que no podemos desaprovechar”, ha señalado el consejero.
Apoyo a las empresas para acceder al PERTE de vivienda
Durante la sesión vespertina también se ha debatido y aprobado otra proposición no de ley, en este caso promovida por el PSOE, con el objetivo de que el Gobierno autonómico facilite a las empresas cántabras el acceso al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) centrado en la industrialización de la vivienda.
El texto, aprobado con los votos a favor del PP, PRC y PSOE —y la abstención de Vox—, insta además al Ejecutivo a generar las condiciones necesarias para fomentar la creación de empresas ligadas a esta nueva forma de construcción, más rápida y digitalizada.
El portavoz socialista Mario Iglesias ha defendido que el PERTE de vivienda puede representar un impulso económico y laboral muy relevante para Cantabria, que actualmente atraviesa problemas estructurales que amenazan la continuidad de su tejido industrial. Asimismo, ha destacado el componente social de este plan estatal, que busca responder a la crisis de acceso a la vivienda con soluciones sostenibles y ágiles.
Desde el PRC, Javier López Estrada ha compartido el enfoque técnico del PERTE, que prevé reducir los plazos de construcción entre un 20% y un 60%, pero ha criticado el reparto de fondos del Ministerio de Vivienda, especialmente los 35 millones destinados a zonas tensionadas según lo estipulado en la Ley de Vivienda estatal. “No puede ser que se castigue a municipios que interpretan de forma diferente cómo debe gestionarse el mercado de la vivienda”, ha reprochado.
El PP, por su parte, ha votado a favor, aunque ha calificado la propuesta socialista como “otro capítulo más del habitual humo electoral”, aludiendo a recientes escándalos que afectan al Gobierno central. No obstante, han asegurado que su apoyo a las empresas de Cantabria siempre será “firme”.
Vox se ha abstenido en este caso, defendiendo que la industrialización del sector puede generar actividad económica, pero criticando el exceso de intervención estatal. “Más libertad económica y menos burocracia”, han defendido.
Aprobado un plan para abrir patios escolares fuera del horario lectivo
También ha salido adelante una iniciativa de Vox, enmendada por el PP, para que el Ejecutivo cántabro promueva un servicio gratuito de ‘patios abiertos’ en colaboración con los ayuntamientos y centros educativos. El objetivo es ofrecer a los menores espacios seguros para la socialización y el ocio durante los periodos no lectivos, incluidas vacaciones y fines de semana.
La propuesta ha sido respaldada por PP, PRC, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio, mientras que el PSOE se ha abstenido al considerar que la moción de Vox estaba “poco elaborada” y presentaba carencias técnicas. Su enmienda, que incluía la creación de líneas de ayuda para mejorar los patios escolares, no fue aceptada por Vox.
Transporte sanitario y gestión de emergencias
El pleno también ha abordado las carencias detectadas en el servicio de transporte sanitario urgente durante el apagón de telecomunicaciones del pasado 28 de abril. A iniciativa de Vox —con aportaciones del PSOE— se ha aprobado instar al Gobierno a presentar, en un plazo de tres meses, un informe sobre las medidas adoptadas para corregir esas deficiencias. Además, se plantea valorar el traslado de la sala de coordinación del 061 al edificio del 112 y reforzar los sistemas de comunicación de las ambulancias.
Según Vox, el día del apagón los equipos sanitarios quedaron incomunicados por depender únicamente de la red móvil, que colapsó, obligando incluso a regresar a las bases para recibir instrucciones. Se exige por tanto sancionar a la empresa adjudicataria del servicio si se confirma que incumplió los pliegos contractuales al no dotar a las ambulancias de sistemas de comunicación redundantes.
El PSOE ha calificado la gestión de ese día como “un desastre” y ha advertido que si se repitiese un apagón similar “nos encontraríamos en la misma situación”. También el PRC ha reclamado un plan alternativo para garantizar las comunicaciones, mientras que el PP ha defendido la actuación del Ejecutivo y ha restado gravedad al incidente, aunque se ha mostrado abierto a introducir mejoras.
Informe sobre siniestralidad laboral
Por último, la Cámara ha aprobado por unanimidad una moción del PSOE para que el Gobierno regional elabore un informe anual sobre siniestralidad laboral. Se pretende que dicho estudio tenga en cuenta no solo los accidentes laborales con baja médica, sino también los accidentes «in itinere» y aquellos que no generan baja, así como las enfermedades profesionales, todo ello desagregado por género y estatus laboral. El objetivo es obtener un diagnóstico más detallado que permita desarrollar políticas de prevención más eficaces.
Sesión de control: salud, comercio y despoblación
En el apartado de control al Gobierno, los grupos formularon preguntas e interpelaciones sobre diversos asuntos. El PSOE se interesó por el plan de jubilaciones de los autónomos, el estado del comercio en la Comarca del Besaya y las negociaciones salariales con los docentes. El PRC preguntó por el avance en la construcción del nuevo centro de salud de Piélagos y el estado de los nuevos trenes de cercanías.
Vox, por su parte, puso el foco en los problemas de despoblamiento en las zonas limítrofes con Castilla y León y pidió explicaciones sobre el traslado de trabajadores de la empresa Gullón, así como por las medidas adoptadas para frenar las llamadas comerciales no deseadas.
