El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha presentado formalmente una batería de alegaciones contra la Ordenanza Fiscal nº 3-T, que regula la nueva tasa municipal por gestión de residuos. Según Fernández, la norma “no educa ni premia conductas responsables, simplemente penaliza”, y considera que su diseño es “regresivo y carece de visión ambiental”.
Fernández ha cargado contra el enfoque del equipo de Gobierno del PP, al que acusa de utilizar esta ordenanza como “una herramienta puramente recaudatoria”, desvirtuando —según ha dicho— el espíritu de la Ley 7/2022, que aboga por la economía circular, la reducción de residuos y la protección ambiental.
“Con este modelo, en Santander se castiga igual a quienes separan y generan poco residuo que a quienes no lo hacen”, ha denunciado, advirtiendo que la tasa “no incluye bonificaciones, ni fomenta hábitos sostenibles, ni tiene en cuenta la capacidad económica de los hogares”.
En sus alegaciones, el Grupo Socialista plantea una serie de modificaciones para introducir criterios de progresividad y sostenibilidad. Entre ellas, destacan:
- Bonificaciones de entre el 50% y el 100% para familias con bajos ingresos o en situación de vulnerabilidad reconocida.
- Aplicación de tarifas ajustadas al volumen real de residuos generados, con ventajas para quienes reciclan.
- Descuentos específicos para personas mayores que vivan solas y hogares monoparentales.
Fernández también ha lamentado que “el Ayuntamiento no haya querido abrir un debate público sobre una ordenanza de tanto impacto para la ciudadanía” y ha asegurado que “en la calle lo que se percibe es malestar, sensación de castigo y falta de transparencia”.
“El sistema de recogida de basuras no puede convertirse en otro coste añadido para las familias, especialmente en un contexto económico complicado. Hay que gestionarlo con equidad, sostenibilidad y corresponsabilidad”, ha afirmado el portavoz socialista.
Finalmente, ha pedido al equipo de Gobierno del PP que reconsidere su postura y valore las propuestas presentadas. “Con esta ordenanza, Santander se aleja de los objetivos medioambientales y sociales que marcan tanto la ley como las directrices europeas”, ha concluido.
