La Fiscalía de Cantabria ha abierto diligencias de investigación para aclarar posibles irregularidades en la reciente orden de abatimiento de lobos dictada por el Gobierno autonómico. La medida, recogida en el plan regional de gestión del cánido, contemplaba la eliminación de 41 ejemplares tras la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).
Las denuncias, presentadas por Ecologistas en Acción y la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), van dirigidas contra la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, y el director general de Biodiversidad, Ángel Serdio. Ambas organizaciones apuntan a posibles delitos de prevaricación, y en el caso de Ecologistas en Acción, también a un presunto delito contra la fauna. El foco está en que la resolución para ejecutar los controles se aprobó y comenzó a aplicarse antes de la entrada en vigor, el pasado 1 de abril, de la Ley que modificó el estatus legal del lobo ibérico.
Según los datos conocidos hasta ahora, las actuaciones de control se pusieron en marcha a principios de abril en zonas como Polaciones y Campoo. A día de hoy, ya se han abatido nueve lobos, y hay en marcha otras 21 extracciones.
Desde ASCEL, se denuncia que la resolución se tomó sin respetar los procedimientos legales, mientras que Ecologistas en Acción ha criticado que la Consejería ignorara un recurso de alzada y la solicitud de suspensión cautelar de la orden, lo que, a su juicio, ha puesto en riesgo a una especie aún protegida en el momento en que se dictó la decisión.
Ante el inicio de diligencias, la consejera María Jesús Susinos ha vuelto a mostrar “tranquilidad” y ha reiterado que la actuación del Ejecutivo cántabro se ajusta “estrictamente a la legalidad”. En declaraciones remitidas a los medios, Susinos ha recordado que el Plan de Gestión del Lobo fue avalado por el Tribunal Supremo y ha señalado que se está aplicando “conforme a derecho”.
Además, ha hecho referencia al reciente auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que rechazó las medidas cautelares solicitadas por ASCEL para frenar los controles, imponiéndole además las costas del proceso. El tribunal reconoce, según subraya la consejera, que el lobo ya no figura legalmente en el LESPRE y que los informes aportados por el Ejecutivo justifican de forma “detallada y objetiva” la necesidad del control poblacional.
Susinos ha añadido que la resolución también pone en valor el papel de la ganadería extensiva como actividad socioeconómica clave, y que el control del lobo es “una herramienta necesaria” para proteger a los profesionales del sector rural.
El caso ha vuelto a poner en el centro del debate la convivencia entre la conservación de la fauna salvaje y la protección del modo de vida de los ganaderos, especialmente en zonas rurales donde los ataques del lobo siguen generando preocupación.
