La reciente sentencia que ordena frenar y demoler parte de las obras del AVE a su paso por Palencia ha generado una fuerte reacción en Cantabria, donde la preocupación por un posible retraso de hasta diez años en la llegada de la Alta Velocidad ha unido a Gobierno autonómico, partidos políticos e instituciones.
Desde el Ejecutivo cántabro, el consejero de Fomento, Roberto Media (PP), ha reclamado al Ministerio de Transportes “garantías claras” de que los plazos se mantendrán. “Cantabria no puede seguir siendo una isla ferroviaria en el norte. Este proyecto debe llegar en tiempo y forma, y necesitamos saber qué se va a hacer, cómo se va a resolver este problema y qué actuaciones se van a emprender para evitar más demoras”, ha declarado.
En la misma línea, el diputado nacional del PP, Félix de las Cuevas, ha registrado una iniciativa en el Congreso exigiendo al Gobierno central que aclare de forma urgente qué medidas adoptará para garantizar la continuidad del proyecto. “Los tramos de Palencia arrastran años de retrasos. Dos de ellos debían haberse terminado en 2024. Lo único que pedimos es que no se vuelva a dejar a Cantabria al margen de las infraestructuras estratégicas”, ha criticado.
De las Cuevas ha calificado la gestión ferroviaria del actual Ejecutivo como “una sucesión de obstáculos” y ha subrayado que la alta velocidad es vital para el desarrollo logístico, la atracción de inversión y la movilidad de la región. “Lo que necesitamos son soluciones, no más excusas”, ha añadido.
Por su parte, el secretario general del PSOE cántabro, Pedro Casares, ha querido calmar los ánimos asegurando que las obras del AVE “avanzan como nunca” y que el proyecto continuará su curso pese a la resolución judicial. Según ha explicado, Adif está trabajando “con eficacia técnica” para minimizar el posible impacto de la paralización decretada en Palencia.
“Estamos ante un proyecto irrenunciable, con todos sus tramos en diferentes fases: en obras, adjudicados o en licitación. El Gobierno de Pedro Sánchez ha pasado de los anuncios a los hechos, y eso se está viendo sobre el terreno”, ha afirmado Casares, quien también ha defendido la actuación del Ejecutivo frente a las críticas del PP. “Durante siete años tuvieron margen de sobra para impulsar este proyecto y no hicieron nada. Ahora no están legitimados para cuestionar los avances actuales”.
En ese sentido, Casares ha recalcado que los proyectos de infraestructuras “siempre conllevan complejidades y ajustes de calendario”, pero ha insistido en que la voluntad del Gobierno es firme: “No vamos a permitir que Cantabria quede al margen del mapa de la alta velocidad”.
Desde Adif, también se ha confirmado que presentará recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional al considerar que ha actuado conforme a la legalidad vigente. Mientras tanto, los trabajos seguirán en marcha, ya que el fallo aún no es firme. El gestor ferroviario ha reiterado su compromiso con la llegada del AVE a Cantabria, al que califica de proyecto “estratégico e irrenunciable” para mejorar la cohesión territorial y las oportunidades económicas de la comunidad.