El Partido Popular ha registrado una iniciativa en el Senado para reclamar al Gobierno central un compromiso real y efectivo con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ante el desplome sostenido del número de alumnos y los problemas de gestión que, según denuncian, arrastra la entidad desde hace años.
La senadora cántabra Elena Castillo ha sido la encargada de llevar esta petición a la Cámara Alta, donde ha reclamado medidas concretas para reactivar la actividad académica de esta institución pública, especialmente afectada por el descenso de matrícula tras la pandemia. Según datos aportados por el PP, en 2018 la UIMP contaba con más de 27.000 estudiantes, mientras que en 2024 la cifra apenas alcanzó los 9.700. La caída más pronunciada se ha producido en los cursos de español, que han pasado de 14.000 alumnos en 2022 a poco más de 1.700 en 2024, lo que representa un descenso del 88 %.
“El Gobierno de Sánchez no puede seguir mirando para otro lado”, ha criticado Castillo, quien considera que la responsabilidad en la gestión de la UIMP recae de forma exclusiva sobre el Ejecutivo central. En este sentido, ha exigido inversiones para modernizar la universidad y una implicación activa en la búsqueda de fórmulas para atraer de nuevo a estudiantes nacionales e internacionales.
Castillo ha lamentado también que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades no haya cumplido sus compromisos tras la reforma legal introducida por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que redefinía el estatus jurídico de la UIMP y que, según el PP, ha generado nuevos obstáculos en la gestión de la entidad.
Para la senadora, es urgente que el Gobierno actúe con responsabilidad y colaboración institucional: “La UIMP no solo es un símbolo cultural y académico de Santander, sino un motor para otras sedes repartidas por toda España. Su deterioro compromete no solo su prestigio, sino también el papel que juega en el desarrollo cultural y económico de muchas ciudades”.
El Partido Popular plantea que cualquier recuperación debe pasar por una estrategia conjunta con comunidades autónomas, ayuntamientos y agentes educativos. En su opinión, solo con voluntad política y un enfoque ambicioso será posible revertir el deterioro de una de las instituciones académicas más emblemáticas del país.