Según documentos publicados por la Cadena SER, el Gobierno de Cantabria, liderado por el Partido Popular, solicitó a la Delegación del Gobierno valorar la repatriación de 18 de los 26 menores no acompañados tutelados en la región, procedentes principalmente de Marruecos (8), Gambia (4) y otros países africanos. La petición, firmada por el subdirector de Infancia, ha desatado una ola de críticas por no incluir un estudio individualizado de cada caso, lo que podría contravenir la legislación española y los tratados internacionales sobre protección infantil. La Delegación del Gobierno, por su parte, ha optado por no realizar declaraciones al respecto, según hemos podido confirmar desde El Mirador.
El caso evoca el polémico episodio de las «devoluciones en caliente» de menores en Ceuta, que culminó en una condena al Estado español. Este mes, un juicio penal sobre aquellos hechos podría sentar un precedente relevante para la situación cántabra.
Reacciones del Gobierno regional
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha negado rotundamente que Cantabria busque expulsar a los menores, calificando la controversia como una «polémica artificial e interesada». En una comparecencia, Gómez del Río aclaró que el Gobierno regional solo pidió a la Delegación del Gobierno que evalúe, bajo un procedimiento reglado, si es mejor para los menores permanecer en Cantabria o reunirse con sus familias en sus países de origen. «No queremos expulsar a nadie. Cantabria no tiene competencia para repatriar, solo hemos comunicado que estos menores refieren tener vínculos familiares, y es la Delegación quien debe decidir», insistió, citando el artículo 35.5 de la Ley de Extranjería.
La consejera explicó que los 18 menores, todos en el sistema de protección cántabro, han manifestado contactar con sus familias, algunos incluso con nostalgia. El proceso, iniciado en marzo, responde a dos factores: un auto del Tribunal Supremo que obliga a proteger a menores solicitantes de asilo y la entrada en vigor del Real Decreto Ley 2/2025, que regula traslados de menores entre comunidades. Gómez del Río subrayó que Cantabria busca «garantizar el interés superior del menor» y acusó al Gobierno central de falta de transparencia en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde no se facilitaron datos sobre la capacidad de acogida de otras regiones.
Críticas y reacciones de la oposición
La solicitud ha desatado una fuerte reacción de la oposición. Pedro Casares, secretario general del PSOE de Cantabria, calificó la medida de «infame, ilegal e inhumana», exigiendo una rectificación inmediata y la retirada de los expedientes. Desde el Congreso, Casares denunció que los 18 oficios idénticos sugieren una «expulsión colectiva» que no considera las circunstancias individuales de los menores, vulnerando la legalidad. «El PP muestra su falta de humanidad y su doble moral, hablando de dignidad mientras tramita expulsiones por la puerta trasera», afirmó, asegurando que el Gobierno de España no continuará con estos expedientes.
Izquierda Unida (IU) de Cantabria, por su parte, tildó la medida de «racista e ilegal». Su coordinador, Israel Ruiz Salmón, acusó al PP de aliarse con la extrema derecha de Vox y de implementar políticas que «no difieren de los peores discursos racistas». IU criticó la hipocresía de la consejera, quien en la Conferencia Sectorial habló de solidaridad mientras por otro lado tramitaba la repatriación de menores. Ruiz Salmón subrayó que esta solicitud de repatriación no solo es ilegal, sino también un reflejo de la política «de exclusión y marginación» del Gobierno regional.
