La sección sindical de CCOO en Autransa, empresa encargada del transporte sanitario en Cantabria, ha denunciado este martes el “caos absoluto” vivido en el servicio de urgencias 061 durante el apagón eléctrico que afectó a toda la comunidad, debido a la falta de previsión, medios y organización para garantizar las comunicaciones en una situación de emergencia.
El delegado sindical de CCOO, Alejandro Mato, ha criticado que, mientras el Gobierno regional transmitía una imagen de control, la realidad fue muy distinta en el servicio de ambulancias, que “quedaron incomunicadas durante horas” al depender exclusivamente de la telefonía móvil, colapsada tras la caída del suministro eléctrico.
Mato ha denunciado que, a pesar de que los pliegos del contrato exigen sistemas de radio alternativos, las ambulancias carecen de ellos, algo que el sindicato ha trasladado “reiteradamente” tanto al anterior Ejecutivo como al actual, sin que se haya abordado en ninguna reunión con los representantes de los trabajadores.
La falta de protocolos adecuados y de recursos básicos provocó situaciones extremas como ambulancias recibiendo avisos “a gritos por las ventanas” del centro coordinador en Santander o desplazamientos improvisados a centros de salud también sin comunicación, según ha relatado CCOO.
Cinco horas después del inicio del apagón comenzaron a distribuirse equipos TETRA en las cinco UVI móviles de la región, utilizados por servicios de emergencia como la Guardia Civil o los bomberos. Sin embargo, en algunos casos, como en Castro Urdiales, el dispositivo llegó una vez restablecido el suministro eléctrico. Para el resto de ambulancias, de soporte vital básico, no se proporcionó ningún medio adicional.
El sindicato ha advertido de que este problema de comunicación no es nuevo, sino que ocurre durante todo el año, y ha exigido una dotación urgente de medios fiables y protocolos que garanticen la seguridad tanto de los pacientes como de los profesionales.
Por último, CCOO ha criticado la “actitud triunfalista” de los responsables políticos, a los que acusa de colgarse medallas en público mientras el sistema funcionaba “al borde del colapso” y sin asumir responsabilidades por el funcionamiento del servicio de urgencias durante la crisis.
