El Consejo de Administración de la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) ha aprobado este martes la adjudicación de las obras de los edificios 5 y 6 del Sector 1 de El Alisal, que sumarán 72 nuevas viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de venta. Según ha informado el concejal de Vivienda, Agustín Navarro, la inversión total asciende a más de 10,3 millones de euros.
En concreto, la empresa Rotedama se encargará de construir el edificio 5, con un presupuesto de 5.090.774 euros y un plazo de ejecución de 20 meses. Por su parte, la UTE formada por Cuevas, Urbhaus y Cycasa será la responsable del edificio 6, por un importe de 5.277.380 euros y el mismo plazo de ejecución.
Ambos inmuebles contarán con viviendas de 2 y 3 dormitorios, salón, cocina, baño y aseo, además de garaje y trastero. El edificio 5 ya tiene asignados sus adjudicatarios tras el sorteo celebrado esta primavera, mientras que el sorteo del edificio 6 se realizará en 2026. Ambos bloques tendrán la máxima calificación energética.
Navarro ha destacado la voluntad del Consistorio de acelerar los plazos para que estas viviendas “sean una realidad lo antes posible”, y ha subrayado que esta adjudicación se suma a la reciente concesión de las obras de los edificios 3 y 4, con 104 viviendas en total, y al proceso en curso para la licitación del edificio 2. En conjunto, estas actuaciones suman una inversión de más de 29 millones de euros.
“El compromiso del Ayuntamiento con la vivienda protegida es firme”, ha asegurado el edil, quien ha recordado que Santander cuenta ya con más de 1.200 VPO construidas y “el mayor parque de alquiler social de Cantabria”.
Registro municipal de viviendas ocupadas
En la misma sesión, el Consejo de la SVS también ha informado de la puesta en marcha, a partir del lunes 5 de mayo, de un registro de viviendas ocupadas e irregulares, que estará disponible a través del teléfono 942 322 426 o el correo electrónico info@svs-santander.es.
Este registro, de carácter voluntario para los propietarios, pretende recopilar datos sobre las viviendas afectadas por ocupación ilegal, tanto de particulares como de entidades financieras o administraciones, y se enmarca en los objetivos del actual Plan Municipal de Vivienda.
“Queremos tener un mapa claro de esta realidad para actuar con mayor rigor y exigir a otras administraciones que asuman su responsabilidad”, ha explicado Navarro. A su juicio, esta medida responde a una creciente preocupación social derivada de una “inseguridad jurídica fomentada por una legislación estatal permisiva”.
El edil ha subrayado que este nuevo instrumento servirá para medir el impacto económico y social de las ocupaciones y orientar mejor las políticas públicas de vivienda. “Es una herramienta útil, transparente y necesaria en un contexto de gran tensión en el mercado residencial”, ha concluido.
