El consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha señalado que la inseguridad jurídica y la demonización de los propietarios y promotores son dos de las principales causas que explican la actual crisis de vivienda en Cantabria. En su intervención durante el Encuentro Rebuild en Madrid, el consejero destacó que más de 50.000 viviendas vacías en la región no se han puesto en el mercado por miedo a las consecuencias legales, una realidad que, según dijo, «nadie puede discutir».
El Encuentro Rebuild, celebrado entre el 23 y el 25 de abril en IFEMA Madrid, reúne a más de 25.000 especificadores y compradores de la industria de la edificación, con el fin de mostrar los avances y cambios en el sector para hacerlo más competitivo, tecnológico y digitalizado.
En este contexto, Media participó en una mesa redonda con otros responsables de Fomento de diferentes comunidades autónomas, donde expuso las dificultades del mercado de la vivienda en Cantabria, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda del Gobierno Sánchez, que ha provocado que un 37,2% de las viviendas de alquiler se retiraran del mercado debido a la inseguridad jurídica. Además, el consejero afirmó que Cantabria no aplicará zonas tensionadas, una medida que calificó de errónea, y lamentó que los okupas cuenten con más derechos que los propietarios.
Soluciones para la vivienda
Para resolver esta situación, Media propuso facilitar la entrada de inversión privada en el mercado de la construcción, defendiendo la necesidad de recuperar el interés del sector privado en la edificación. Asimismo, destacó la importancia de fijar población en el ámbito rural a través de un crecimiento ordenado en los núcleos rurales. Recordó que Cantabria ha implementado beneficios fiscales para fomentar este desarrollo.
En cuanto al parque público de viviendas, el consejero informó que la región cuenta con 408 viviendas de protección oficial, aunque reconoció que este número es insuficiente y que se planea duplicarlo durante esta legislatura. Para ello, se ha puesto en marcha la construcción de 285 viviendas de VPO en régimen de alquiler asequible en 9 ayuntamientos de Cantabria, con una inversión de más de 42 millones de euros. Además, se adjudicarán 212 viviendas nuevas para alquiler asequible a través de un contrato público-privado.
Financiación y corresponsabilidad
En cuanto a la financiación de estos proyectos, Media lamentó la falta de apoyo económico del Gobierno de España, ya que de los 42 millones de euros, solo 13 millones provienen de fondos europeos, y el resto corre a cargo de Cantabria. El consejero instó a una mayor corresponsabilidad económica del Gobierno central en esta materia, haciendo hincapié en que en los últimos cinco años no se ha construido ni una sola vivienda de protección oficial en la región, ni desde el sector público ni privado. «Llevamos más de una década sin construir desde lo privado y no podemos permitirlo», concluyó Media.
